El Consejo de Estado frenó en seco un movimiento millonario del Gobierno. El tribunal suspendió provisionalmente parte del Decreto 415 de 2026, que ordenaba a los fondos privados trasladar a Colpensiones más de $25 billones en menos de un mes. Detrás de esta orden estaban los recursos de más de 119 mil afiliados que aprovecharon la ventana de traslados contemplada en la reforma pensional.

El magistrado Juan Enrique Bedoya, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue quien tomó la decisión. Según el tribunal, el Gobierno se pasó de la raya: "El decreto habría excedido los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo". La norma no solo desarrolló la ley como debería hacerlo, sino que cambió una regla fundamental sobre el momento en que debían moverse esos dineros.

El nudo del asunto está en cuándo deberían girarse los fondos. Las reglas anteriores decían que los ahorros en cuentas privadas debían permanecer en manos de los fondos privados hasta que los afiliados consolidaran su derecho pensional, es decir, hasta que cumplieran con los requisitos para acceder a la jubilación. El decreto del Gobierno, sin embargo, exigía trasladar esos recursos de inmediato, aunque los afiliados todavía no hubieran consolidado ese derecho. Para el Consejo de Estado, esto era una modificación sustancial de la ley, no una simple reglamentación operativa.

Con esta suspensión provisional, el traslado de recursos queda detenido mientras el tribunal estudia a fondo si el decreto fue legal. Por ahora, la orden no alcanza a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, solo a quienes aún no lo han hecho. Es una medida cautelar, no una decisión definitiva.

El Gobierno, Colpensiones, los fondos privados y los afiliados involucrados tendrán que esperar mientras el Consejo de Estado analiza el fondo del asunto. Esta suspensión abre un nuevo capítulo en la implementación de la reforma pensional y podría cambiar las reglas del juego para quienes decidieron pasarse al régimen público.