Un freno judicial llegó este martes al mediodía a uno de los proyectos del Gobierno. El Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional el Decreto 415 de 2026, con el que la administración Petro intentaba trasladar 25 billones de pesos en fondos privados de pensión hacia Colpensiones, el fondo estatal.

La decisión la tomó la Sección Segunda del alto tribunal después de que Jesús Hernando Baena Álvarez presentara una tutela contra la medida. Según el Consejo de Estado, este decreto genera un conflicto serio con lo que ya establece la Ley 2381 de 2024, una norma que sí permite que los afiliados cambien de régimen pensional, pero con una condición importante: sus ahorros deben permanecer en los fondos privados hasta que cumplan con todos los requisitos para acceder a su pensión.

Lo que aceleró la intervención del tribunal fue la urgencia con que el Gobierno quería ejecutar la medida. El decreto ordenaba mover el 50% de los recursos en apenas 20 días y el resto en 10 días adicionales. Esa velocidad llevó al Consejo de Estado a actuar rápidamente para evitar que todo se ejecutara antes de poder revisar si era legal.

El tribunal fue claro en su posición: el Gobierno no tiene la facultad de modificar lo que ya define una ley. Su función es reglamentar las leyes existentes, no cambiar su contenido. En otras palabras, aunque el Ejecutivo puede expedir decretos para desarrollar lo que dice la ley, no puede usarlos para contradecirla o alterar sus efectos principales.