Un golpe judicial ha detenido el paso del nuevo rector en la Universidad Popular del Cesar. La Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó suspender de forma provisional el nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría Gil, dejando sin efectos el acuerdo mediante el cual el Consejo Superior Universitario lo había designado el 9 de marzo de 2026.

El motivo es bastante claro: el candidato no cumple con los requisitos de idoneidad que establece la propia universidad. Los estatutos internos de la institución exigen que quien sea rector tenga una experiencia no menor a cinco años en educación superior. Pues bien, cuando los jueces revisaron los documentos, encontraron que la certificación laboral expedida por la Universidad Popular del Cesar solo acredita 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en la institución. Le falta poco más de un mes para alcanzar el mínimo legal.

La defensa de Echevarría Gil intentó sumar los años trabajando en una entidad llamada UPARSISTEM S.A.S., donde supuestamente laboró en 2020. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esa argumentación. Según los magistrados, esa organización es un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y la ley expresamente le prohíbe ofrecer programas de educación superior. Por eso no cuentan esos años. "La experiencia académica acreditada no alcanza los cinco años exigidos en los estatutos universitarios", indicó la corte al confirmar la infracción.

Lo que ahora enfrenta la Universidad Popular del Cesar es un lío administrativo en mitad del semestre. La suspensión rige de inmediato mientras el alto tribunal resuelve la demanda de fondo, así que los directivos de la institución tendrán que definir rápidamente quién asume la rectoría de forma provisional para que la universidad no quede sin timón.

Vale mencionar que detrás de este proceso electoral estuvo la presencia de Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la universidad. Guerrero reapareció para participar en la elección de rector el 10 de marzo pasado, apenas dos semanas después de que la Fiscalía tuviera programada una audiencia de imputación en su contra, diligencia que fue aplazada porque ella no se presentó.