Un respiro judicial se abrió en torno a los diálogos de paz que el Gobierno Nacional había iniciado con la Segunda Marquetalia. El Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional la Resolución 064 de 2024, el acto administrativo que había autorizado la instalación de la mesa de negociaciones con ese grupo disidente. Con esta medida, mientras avanza el proceso de demanda de nulidad, quedan sin efecto los trámites que se estaban adelantando.

La polémica no surge por cuestiones políticas alrededor de si es o no conveniente negociar con ese grupo, sino por una preocupación más fundamental: si el Gobierno tenía las herramientas legales para hacerlo. La Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda argumentando que el Ejecutivo incumplió la Ley 2272 de 2022, la llamada Ley de Paz Total, al clasificar a la Segunda Marquetalia como grupo armado organizado al margen de la ley y permitir su participación en negociaciones.

Para el magistrado ponente Carlos Fernando Mantilla Navarro, el fondo del asunto es precisamente este: establecer si el acto del Gobierno rebasó lo que la ley le permitía hacer. En su análisis preliminar, el Consejo concluyó que "prima facie, el acto demandado desconoció la Ley 2272 de 2022", lo que resultó suficiente para decir basta mientras se resuelve el fondo de la controversia.