El Consejo de Estado frenó en seco el ambicioso plan del gobierno Petro para reorganizar el sistema de salud. La más alta corporación administrativa del país suspendió provisionalmente el Decreto 0182 que buscaba trasladar a más de seis millones de afiliados de distintas EPS hacia otras entidades, concentrando cerca de 2,6 millones en la Nueva EPS. El decreto, expedido en febrero pasado, pretendía implementar un nuevo modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional que reordenara el mapa de la salud en el país.

La suspensión provisional llegó después de una demanda de nulidad presentada por Katherine Miranda Peña, quien cuestionaba la constitucionalidad de la medida. Según su argumentación, el decreto "vulneraba el derecho fundamental a la salud y la libre elección de los usuarios, al establecer reglas que limitarían el número de EPS operativas según el tamaño de los municipios". En otras palabras, los ciudadanos no podrían escoger libremente a cuál EPS afiliarse en su zona.

El Consejo de Estado identificó un problema de fondo que resultó decisivo: la Nueva EPS, la entidad donde irían a parar la mayoría de los trasladados, está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. El tribunal advirtió que la empresa presenta "un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas". Concentrar millones de pacientes en una EPS con semejante crisis financiera no parecía ser la solución.

La magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, fue clara en su análisis: las medidas propuestas "no son idóneas ni necesarias para los fines propuestos", porque impactan gravemente el acceso a la salud en términos de oportunidad y continuidad. Además, señaló que "se evidencia una regresión injustificada en el nivel de protección del derecho a la salud al reducir las opciones de elección de los ciudadanos". La magistrada Peña agregó que "existe un riesgo inminente de afectar los derechos de millones de usuarios si el decreto continuaba surtiendo efectos".

El Gobierno había defendido el decreto argumentando que buscaba corregir la "atomización" y fragmentación del sistema de salud. Aseguraba que la territorialización optimizaría la gestión del riesgo en zonas dispersas y generaría economías de escala. Sin embargo, el tribunal consideró que estos argumentos no superaban el juicio de proporcionalidad: los costos en derechos fundamentales eran mayores que los beneficios prometidos.

Con esta decisión del Consejo de Estado, el nuevo modelo de aseguramiento territorial queda frenado de manera inmediata. Por ahora, los traslados masivos que estaban planeados no ocurrirán y los afiliados pueden continuar con sus EPS actuales. El fallo abre un nuevo capítulo en la controversia por la reforma del sistema de salud en Colombia.