Un pulso judicial envuelve ahora los esfuerzos de paz del gobierno. El Consejo de Estado, el máximo tribunal en lo contencioso administrativo, decidió suspender provisionalmente las negociaciones que el presidente Gustavo Petro mantiene con la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias Iván Márquez.

La decisión del Alto Tribunal argumenta que el gobierno "habría excedido las facultades otorgadas por la Ley de Paz Total al conceder un tratamiento político a una organización que, por estar integrada por excombatientes reincidentes, debería ser considerada una estructura de crimen organizado y no un grupo susceptible de negociación política". En otras palabras, el tribunal considera que estos integrantes no merecen ser reconocidos como actores válidos para dialogar porque incumplieron el Acuerdo de Paz de 2016 al retomar las armas.

Pero la Presidencia no se queda callada. A través de un comunicado formal, rechazó frontalmente esta medida, argumentando que "limita el alcance de la política de Paz Total". El gobierno insiste en que "la complejidad del conflicto colombiano hace necesario mantener abiertos los canales de diálogo con este tipo de organizaciones", dejando clara su posición de que la negociación sigue siendo el camino más viable.

El choque entre estas dos visiones refleja una tensión fundamental: mientras la justicia administrativa cuestiona si se pueden negociar con quienes quebraron compromisos anteriores, el Ejecutivo sostiene que la realidad de la guerra en el territorio exige pragmatismo y diálogo constante, sin importar los antecedentes.