La designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar quedó en stand by. El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento al determinar que el elegido no cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para asumir el cargo. La decisión la adoptó la corporación judicial mientras tramita una demanda de nulidad electoral presentada contra el acuerdo del 9 de marzo de 2026 que el Consejo Superior de la institución había formalizado.

Según el análisis preliminar hecho por el alto tribunal, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, Echevarría no demostró tener los cinco años de experiencia en educación superior que piden los estatutos universitarios al momento de inscribirse en el proceso de selección. El directivo solo acreditó cuatro años, diez meses y 26 días de experiencia docente en la misma Universidad Popular del Cesar. La corporación también rechazó contar el tiempo de trabajo que había certificado en la empresa UPARSISTEM S.A.S., considerando que esa entidad no tiene reconocimiento legal como institución de educación superior, lo cual es indispensable para validar ese tipo de experiencia.

Cabe recordar que el Tribunal de Garantías Electorales ya había inadmitido inicialmente la inscripción de Echevarría por inconsistencias en la acreditación de experiencia. El aspirante presentó un recurso de reposición argumentando que la evaluación debería hacerse por períodos académicos y no por meses o días, sustentándose en disposiciones del Estatuto Docente de la universidad. Aun así, el Consejo de Estado determinó que por ahora no hay prueba suficiente para establecer que cumple plenamente los requisitos para ser rector.

La suspensión reactiva una controversia que desde finales de 2025 ha generado inconformidad en la comunidad universitaria. Estudiantes y docentes denunciaron presuntas irregularidades en el proceso electoral, cuestionando la falta de transparencia al revisar las hojas de vida de los candidatos y criticando la velocidad excesiva con la que se llevó a cabo la votación en el Consejo Superior. Mientras el Consejo de Estado continúa estudiando de fondo la demanda de nulidad electoral, el acto de designación permanecerá suspendido.