Consejo de Estado frena beneficios a siete cabecillas del Valle de Aburrá y reactiva órdenes de captura
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una decisión de la Fiscalía que había levantado órdenes de captura contra siete líderes de grupos criminales del Valle de Aburrá. El alto tribunal consideró que la Fiscalía no verificó adecuadamente los requisitos legales para otorgar esos beneficios en el marco de los diálogos de paz urbana. El Gobernador Andrés Julián Rendón, quien impulsó la demanda contra esta medida, celebró la decisión argumentando que mantenía a "bandidos en las calles".
El Consejo de Estado tomó una decisión que revierte parte de la estrategia de paz urbana que adelanta el Gobierno nacional en Medellín y el Valle de Aburrá. Este miércoles 20 de mayo, el alto tribunal decretó una medida cautelar para dejar sin efecto, al menos de forma provisional, la Resolución 72 de 2026 emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esa resolución había suspendido las órdenes de captura que pesaban sobre siete cabecillas de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en la región.
La historia viene de atrás. En marzo pasado, la Fiscalía decidió levantar temporalmente un total de 23 órdenes de detención contra líderes criminales que estaban participando en los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno. La medida fue tomada a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz, con el propósito de facilitar los acercamientos entre el Ejecutivo y las bandas organizadas de Medellín y sus alrededores. Estos cabecillas, que actúan como voceros principales en las conversaciones desde 2023, estaban involucrados en lo que se conoce como la política de "Paz Total".
Pero el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no estuvo de acuerdo y presentó una demanda de nulidad contra esa decisión. Su argumento fue que la Fiscalía no realizó una verificación adecuada de los requisitos legales necesarios para otorgar tales beneficios. El Consejo de Estado le dio la razón. El tribunal consideró que faltó una revisión "material, autónoma y suficiente" de esos requisitos por parte de la Fiscalía General.
Rendón celebró rápidamente el fallo. "Desde Antioquia teníamos razón al advertir el enorme riesgo que representaba tener a estos bandidos en las calles", expresó el Gobernador. Además, señaló que el propio Consejo de Estado había advertido en su decisión sobre "el riesgo inminente de fuga internacional de alguno de estos criminales".
Entre los grupos criminales cuya situación quedó afectada por esta decisión están La Oficina, Los Triana y Pachelly, todas estructuras que operan en la región del Valle de Aburrá.
Fuente original: Hora 13 Noticias
