El Consejo de Estado le puso el freno al Gobierno nacional. El alto tribunal ordenó la suspensión provisional de varios apartados del Decreto 572 de 2025, con el cual la administración Petro había incrementado las tarifas de retención y autorretención en la fuente desde el año pasado. La medida afecta específicamente los artículos 2 al 8 de esa normativa.

La decisión no fue casual. Durante su revisión, el Consejo de Estado encontró que el Ministerio de Hacienda no presentó argumentos sólidos que justificaran por qué era necesario aumentar estas retenciones. Aunque la ley sí le permite al Ejecutivo fijar estas tarifas, también exige que explique las razones técnicas, económicas y jurídicas detrás de cualquier cambio. En este caso, simplemente no lo hizo con el rigor requerido.

El tribunal analizó tanto el decreto como los documentos que el Ministerio de Hacienda envió como soporte, y concluyó que ambos carecían de los argumentos claros que demostraran la necesidad real de implementar esas medidas. Por eso, aplicó la suspensión provisional contemplada en la ley para estos casos.

La solicitud había venido de la senadora Paloma Valencia, quien alertó sobre el impacto que tendría el aumento en micro, pequeñas y medianas empresas colombianas. Valencia aseguró que la suspensión evitó afectaciones a la liquidez de miles de negocios y subrayó que contribuirá a proteger empleos en el país.

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