La decisión del Consejo de Estado de frenar el aumento del 23,7% al salario mínimo ha dejado a muchos trabajadores colombianos con preguntas en la cabeza. Lo primero que queremos aclarar, y que tranquilice a quien esté preocupado, es que el dinero que ya recibió no desaparece. El abogado Diego Solano, del Centro Jurídico Internacional, fue quien explicó a fondo qué ocurrió realmente y qué va a pasar de ahora en adelante.

Lo que hizo el Consejo de Estado fue suspender el decreto, es decir, lo puso en pausa. No lo eliminó. La razón es que consideró que el Gobierno no justificó técnicamente el incremento del 23,7% como lo exige la Ley 278 de 1996. Esta norma ordena que cualquier aumento al salario mínimo debe sustentarse con criterios como el IPC (inflación), la productividad y el costo real de la canasta básica de alimentos.

Aquí viene lo importante para su tranquilidad: los trabajadores ganaron un derecho desde el 1 de enero de 2026 cuando comenzaron a recibir 2 millones de pesos más auxilio de transporte. Ese dinero ya es suyo y no puede ser quitado, así lo explica Solano. "Hasta que no salga el nuevo decreto, empresarios y trabajadores debemos mantenernos en el mismo salario establecido", precisó el abogado. Esto significa que mientras el Gobierno expide un nuevo decreto con la justificación técnica que le falta, usted seguirá ganando lo que está ganando actualmente.

Ahora bien, el Gobierno ha estado promoviendo el concepto de salario mínimo vital, algo diferente al tradicional. Esta propuesta busca garantizar que el trabajador pueda vivir con dignidad cubriendo alimentación, vivienda, educación, salud y recreación. Se basa en convenios de la Organización Internacional del Trabajo y apunta más lejos que un número en el recibo.

Con respecto al nuevo decreto, Solano dejó claro que podría tomar varios caminos: mantener el 23,7%, aumentarlo aún más o incluso fijar un porcentaje menor. Sin embargo, lo que ha manifestado el Gobierno es que buscaría mantener o incrementar el valor, siempre que tenga la justificación técnica que le exige la ley.

El Ejecutivo tiene la opción de apelar esta decisión ante el Consejo de Estado, un proceso que podría tomar hasta un año. Pero aunque se alargue el trámite, hay una barrera legal que protege a los trabajadores: los dineros ya pagados desde enero no pueden ser descontados de sus sueldos ni revertidos en los aportes a seguridad social, parafiscales o prestaciones. Es decir, eso que ganó en estos primeros meses de 2026 se queda con usted.

El escenario más probable, según el abogado, es que el presidente expida un nuevo decreto que cumpla con lo que ordenó el Consejo de Estado, justificando técnicamente el aumento. Mientras eso sucede, su mensaje es tranquilizador: el salario que está recibiendo ahora se mantiene y no puede ser reducido de un momento a otro.