En plena campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial, el Consejo de Estado metió el freno de emergencia a una potestad del Consejo Nacional Electoral. La Sección Quinta del alto tribunal suspendió de manera provisional la capacidad del CNE para aplicar medidas que restringieran la publicación de encuestas electorales, considerando que el organismo electoral se habría excedido en sus funciones.

La decisión toca directamente la Resolución 1197 que el CNE expidió en 2026 para reglamentar la Ley de Encuestas. Según el análisis preliminar de los magistrados, el organismo electoral incluyó facultades sancionatorias que no están claras en la ley original. El CNE podía prohibir publicar encuestas, suspender registros de encuestadoras e incluso ordenar rectificaciones inmediatas de estudios de opinión. Ahora eso no podrá hacerlo mientras sigue el proceso judicial.

La demanda que originó todo esto cuestionó que el CNE utilizara expresiones como "indicios graves" para justificar esas medidas restrictivas. Para los demandantes, esto pisotea principios básicos como la legalidad y el debido proceso. El Consejo de Estado le dio la razón: aunque el CNE tiene facultades regulatorias, esas deben limitarse al desarrollo técnico de la ley, sin crear restricciones que el legislador nunca autorizó explícitamente.

El tribunal fue más allá en sus consideraciones. Señaló que las medidas cuestionadas podrían afectar derechos fundamentales como la libertad de información y la participación política, especialmente en contexto electoral. "Se adicionan medidas que generan consecuencias trascendentales dentro de un proceso que aún está en curso y no ha sido decidido, y que además pueden afectar los derechos políticos y de participación ciudadana por la falta de publicación de las encuestas", determinó la corporación.

Hay algo más de fondo en este debate. Otros actores han cuestionado si la propia Ley de Encuestas debió aprobarse como ley estatutaria, ya que toca derechos fundamentales como libertad de expresión. Pero eso es materia de otro proceso judicial.

Lo importante ahora es que la decisión del Consejo de Estado no es definitiva. Es una suspensión provisional mientras la corte estudia el fondo del asunto. El CNE seguirá sin poder aplicar esas restricciones hasta que llegue la sentencia final que determine si sus facultades se ajustan o no a la ley. El caso continuará en los juzgados, y será esa sentencia de fondo la que cierre el debate.