El Consejo de Estado acaba de frenar de manera provisional la transferencia de cerca de 25 billones de pesos que el Gobierno nacional ordenaba trasladar desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones. Esta decisión suspende el Decreto 415, expedido el 20 de abril de 2026, que reglamentaba el movimiento de recursos de las personas que aprovecharon la ventana de traslado incluida en la reforma pensional.

La decisión judicial amplía un freno que ya había comenzado el 28 de abril. En ese primer paso, el tribunal había suspendido el traslado para quienes se cambiaron a Colpensiones pero aún no habían consolidado su derecho a pensión. Ahora la suspensión se extiende a todos los apartes del decreto, dejando el trasiego de dinero completamente congelado mientras el tribunal estudia el fondo del asunto. Según el análisis preliminar del despacho, la ley establecía que esos recursos debían permanecer bajo administración de las AFP hasta que se consolidara la pensión, pero el decreto ordenaba girarlos a Colpensiones en plazos cortos, lo que generó el conflicto.

Para los ciudadanos el impacto es directo: los ahorros de quienes usaron la ventana de traslado seguirán en las AFP por ahora. Esta medida no elimina la posibilidad de cambiar de régimen ni derriba toda la reforma pensional, sino que detiene el mecanismo acelerado que ordenaba el giro de recursos a Colpensiones. Según datos del expediente, al 5 de febrero de 2026 un total de 119.632 afiliados habían utilizado esta oportunidad de traslado del régimen privado al público. De ellos, 22.472 ya habían consolidado su derecho a pensión y recibían mesadas de Colpensiones, mientras 97.160 seguían como cotizantes activos sin haber adquirido aún el derecho pensional.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Desde Asofondos, su presidente Andrés Mauricio Velasco la interpretó como una protección del ahorro pensional, argumentando que esos recursos debían permanecer como ahorro y trasladarse únicamente cuando se consolidara la pensión. El presidente Gustavo Petro rechazó el fallo públicamente. En una publicación en X, sostuvo que el Consejo de Estado afectaba el derecho a la pensión y acusó al tribunal de "favorecer a los fondos privados y al sector financiero".

Por ahora queda todo en suspenso. El Consejo de Estado aclaró que su decisión es provisional y no prejuzga la legalidad definitiva del Decreto 415. El debate de fondo seguirá su curso en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde el Gobierno, Colpensiones y las entidades demandadas podrán presentar sus recursos. Para los ciudadanos, el efecto más concreto es que los 25 billones permanecerán congelados en las AFP y el futuro de esos ahorros dependerá de lo que resuelva el tribunal en su análisis definitivo.