La senadora Isabel Cristina Zuleta tendrá que comparecer ante el Consejo de Estado para responder por su rol en lo que se conoce como el tarimazo de Medellín. La corte administrativa citó a la congresista a una audiencia de pérdida de investidura después de que un ciudadano presentara una demanda en su contra por las presuntas irregularidades en el traslado de nueve cabecillas de bandas delincuenciales para que asistieran al acto de paz urbana que realizó el presidente Gustavo Petro el 21 de junio de 2025 en la plazoleta del Centro Administrativo de La Alpujarra.

Zuleta, quien coordina la Mesa de Paz Urbana de la cárcel de Itagüí en su calidad de jefa de la delegación del Gobierno Nacional, fue la encargada de gestionar la salida de los nueve capos del complejo penitenciario para que participaran en el evento. Lo polémico del asunto es que estos líderes criminales no solo fueron trasladados al sitio, sino que además tuvieron un espacio en tarima para dirigirse directamente al presidente Petro.

El demandante, identificado como William Francisco Quintero Villarreal, argumenta que la senadora del Pacto Histórico incurrió en presunto tráfico de influencias al facilitar la participación de estos cabecillas en el acto gubernamental. En la demanda, que fue aceptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 29 de julio de 2025, también sostiene que Zuleta utilizó su cargo y su cercanía con el Gobierno para "sacar ventaja política, de cara a su reelección y en favor del presidente".

Un documento filtrado que circuló públicamente muestra el pedido que Zuleta envió el 19 de junio de 2025 solicitando la liberación temporal de los cabecillas. En ese escrito se lee: "Se ordena la remisión de las personas privadas de la libertad en mención de la cárcel La Paz hasta el lugar mencionado (La Alpujarra), en la fecha señalada de conformidad con lo expuesto en la parte que motiva este acto administrativo. Los privados de la libertad deberán ser regresados a su lugar de origen de inmediato, una vez culminen las diligencias señaladas". Por estos mismos hechos, el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, quien en ese entonces era director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de Itagüí y autorizó la salida de los capos, también fue investigado.

El Consejo de Estado consideró que la demanda cumple con los requisitos procesales necesarios para adelantar el juicio. Por eso, mediante un documento fechado el 9 de febrero, la corte citó a la senadora para comparecer el próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde a una audiencia virtual. En esa diligencia se determinará si las acciones de Zuleta en junio de 2025 son motivo para perder su investidura, tal como lo solicita el accionante.