Después de casi un año de trámites procesales, la Sección Quinta del Consejo de Estado puso punto final a un litigio electoral que sacudió el archipiélago. El tribunal certificó como ejecutoria la sentencia del 3 de abril de 2025 que declara nula la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez para el período 2024-2027. Con esta decisión de hace pocos días, el exgobernador deja oficialmente el cargo y pierde su investidura de manera irrevocable.

El fallo se sustenta en la causal de doble militancia. Gallardo Vásquez fue avalado exclusivamente por el Partido Liberal Colombiano, pero apoyó públicamente a candidatos a la Asamblea Departamental que iban en las listas del Nuevo Liberalismo. Eso violó lo establecido en la Ley 1475 de 2011, que prohíbe a los afiliados a un partido político respaldar a candidatos inscritos por otra colectividad. Las pruebas fueron contundentes: un video en el que el entonces candidato respaldaba de manera clara e inequívoca a esos aspirantes de otra agrupación.

Lo que tomó más tiempo fue la ejecución del fallo. Aunque la sentencia de nulidad electoral fue proferida en única instancia el 3 de abril de 2025, lo que debería haberla hecho ejecutable de inmediato, el equipo jurídico de Gallardo Vásquez interpuso múltiples recursos: memoriales, aclaraciones, adiciones, recusaciones y solicitudes de reposición. Durante once meses dilató el proceso mediante lo que el Consejo de Estado calificó como actuaciones "impertinentes y dilatorias". Esto fue tan grave que el 25 de marzo de 2026, el tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Comisión de Disciplina Judicial para que investiguen posibles delitos de fraude procesal, obstrucción a la justicia o prevaricato, tanto contra el exgobernador como contra su apoderado Richard Nicolás Martínez Olivera.

Con la certificación de ejecutoria del 7 de abril de 2026, los efectos son inmediatos. Se cancela la credencial de gobernador expedida por la Registraduría Nacional, Gallardo Vásquez pierde toda investidura y cesa en sus funciones ejecutivas del departamento. El Presidente de la República debe designar un gobernador encargado mientras se convocan elecciones atípicas en el archipiélago, tal como lo solicitó el abogado demandante Carlos Alfaro Fonseca ante el Ministerio del Interior.

Este es el primer caso en la historia reciente del departamento en el que un gobernador electo es removido por doble militancia. La decisión expone la rigurosidad del régimen de disciplina partidista en Colombia y el control que ejerce el Consejo de Estado sobre la legitimidad de los mandatarios territoriales. En San Andrés, que enfrenta graves desafíos en salud, turismo, conectividad marítima y atención a la comunidad raizal, la salida del exgobernador deja un vacío administrativo en el territorio.

Ahora Gallardo Vásquez no solo pierde el cargo, sino que enfrenta sendas investigaciones penal y disciplinaria. El Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional tienen plazos perentorios para convocar comicios atípicos, que podrían realizarse en los próximos meses. Con esta providencia, el Consejo de Estado reafirma su rol como guardián de la pureza del sufragio y envía un mensaje claro a los políticos del país: las estrategias dilatorias no prosperan ante la justicia contencioso-administrativa.