La Sala Quinta del Consejo de Estado cerró un capítulo turbulento en la historia administrativa de ISA al anular definitivamente la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la compañía. La decisión, emitida el 27 de enero, fue el desenlace de una disputa judicial que se extendió durante casi dos años y llegó después de que dos demandas presentadas en 2024 plantearan serias irregularidades en el proceso de selección.

Las acciones legales fueron promovidas por Luis Eduardo Peláez, diputado antioqueño, y el abogado Julio César Yepes. Ambos cuestionaron el nombramiento de Carrillo, quien había sido gerente de Empresas Públicas de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. El diputado Peláez basó su demanda en una investigación que reveló que Carrillo no cumplía con uno de los requisitos esenciales para el cargo: tener 15 años de experiencia laboral demostrable. Según el análisis de Peláez, Carrillo consignó experiencia duplicada en su documentación e incluso presentó comprobantes de trabajo en una empresa que jurídicamente no existía en el período que él reportaba.

El abogado Yepes reforzó los cuestionamientos agregando evidencia de que varios requisitos para el nombramiento nunca se cumplieron adecuadamente o se registraron con demora, especialmente cuando surgieron dudas dentro de la junta directiva. Ambos denunciantes también señalaron que la matriz de criterios de selección fue modificada irregularmente a mitad del proceso, cambios que favorecieron notoriamente a Carrillo, sacándolo de los últimos lugares y colocándolo como favorito. Uno de los miembros de la junta directiva lo confirmaría después al manifestar que se "introdujeron cambios sustanciales, como fijar un valor específico de Ebitda de empresas previamente gerenciadas por los candidatos, lo cual incrementó de manera significativa el puntaje otorgado al señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso".

Lo más grave es que la firma cazatalentos contratada para evaluar la idoneidad de los candidatos había emitido alertas serias sobre Carrillo, dictaminando que "No debería ser considerado como candidato prioritario para una posición de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como lo es ISA, ya que reúne varias características en su conjunto que lo hacen un candidato menos viable". A pesar de ese dictamen contundente, la junta directiva decidió retomar el proceso y eligió a Carrillo de todas formas, acción que el Consejo de Estado determinó constituía un exceso de funciones.

El camino legal fue sinuoso. La demanda de Yepes inicialmente fue rechazada tras serle pedido subsanar puntos específicos, y cuando lo hizo, volvió a ser rechazada. La de Peláez también fue desestimada en primera instancia. Pero el diputado utilizó un mecanismo extraordinario: presentó un recurso de súplica contra la decisión que argumentaba que el tribunal carecía de jurisdicción. Peláez logró persuadir al tribunal que la cuestión no era sobre la naturaleza electoral del acto, sino sobre el régimen jurídico aplicable. El Consejo de Estado acabó reconociendo que sí tenía competencia y, con eso, no solo admitió la demanda de Peláez hace un año, sino que rescató la de Yepes, las aunó y permitió que se adhirieran como coadyuvantes EPM y 25 personas más.

El tribunal ordenó que el proceso de selección retroceda a la fase anterior a donde ocurrieron las irregularidades. Carrillo quedó descalificado definitivamente de cualquier participación futura. Los candidatos que ahora compiten por la presidencia de ISA son: André Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustilho y Sandra Fonseca.