El Consejo de Estado frenó en seco la demanda que intentaba tumbar el nuevo sistema de expedición de pasaportes en Colombia. En un fallo conocido este martes, los magistrados concluyeron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había cometido un "defecto procedimental absoluto" que violó el debido proceso desde el principio. La decisión llegó después de que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores presentara una acción de tutela argumentando que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados.

El problema de fondo es procedural. El abogado Nicolás Dupont, quien promovió la acción popular contra el nuevo modelo de pasaportes, nunca acreditó haber presentado una solicitud previa ante la Cancillería pidiendo que se pronunciara sobre los hechos denunciados, como exige la Ley 1437 de 2011. Aunque el Tribunal de Cundinamarca intentó saltarse ese requisito alegando que había un riesgo urgente para la prestación del servicio, el Consejo de Estado no lo compró. Los magistrados señalaron que el tribunal no hizo "un análisis real, concreto y técnicamente sustentado sobre la supuesta urgencia alegada" ni verificó si existían pruebas que demostraran ese peligro inminente.

El nuevo modelo de pasaportes, que comenzó en mayo de este año, funciona mediante una cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. Las libretas se fabrican en Portugal y luego se personalizan en Bogotá. El Consejo también cuestionó cómo el Tribunal intentó vincular a la empresa portuguesa al proceso, usando correo electrónico para notificarla sin seguir los procedimientos internacionales establecidos para esas situaciones.

La Cancillería celebró el fallo. En un comunicado este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que "esta es la primera decisión judicial relacionada con este asunto" y resaltó que el fallo "tiene importantes efectos jurídicos e institucionales, al exigir un análisis riguroso sobre una demanda que, según la entidad, persigue fines ajenos a la protección del interés público y los derechos colectivos". La entidad también reiteró que "el convenio se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano y hace parte de un proceso de estructuración técnica, jurídica e institucional iniciado en 2024 para modernizar el sistema de expedición de pasaportes en Colombia".

Pero la batalla legal no terminó. El Tribunal de Cundinamarca tiene diez días para pronunciarse nuevamente sobre si admite o rechaza la demanda, esta vez corrigiendo los errores señalados. Si decide volver a admitirla invocando urgencia, deberá "justificar de forma rigurosa y técnica la existencia de un riesgo cierto e inminente en la prestación del servicio de pasaportes que haga indispensable omitir la petición previa exigida por la ley". También tendrá que explicar cómo vinculará adecuadamente a la empresa portuguesa respetando los procedimientos internacionales.

La decisión del Consejo de Estado no afecta la expedición de nuevos pasaportes ni cierra definitivamente el debate sobre el nuevo modelo. Solo suspende temporalmente la demanda mientras se corrigen los vicios procesales. Una vez el Tribunal de Cundinamarca emita su nueva decisión siguiendo las reglas del debido proceso, podrá reanudarse la discusión sobre si el esquema impulsado por la Cancillería es legal y conveniente para el país.