La tranquilidad en Santa Ana se rompió cuando salió a la luz la denuncia de un presunto abuso sexual contra una menor de 15 años. El hallazgo fue hecho por los familiares de la adolescente, quienes la encontraron en una vivienda en estado de somnolencia. El caso ganó rápidamente relevancia pública cuando los vecinos comenzaron a señalar, a través de redes sociales, a un exalcalde del municipio como responsable. Lo que agrava la situación es que este funcionario sigue activo en la administración local, desempeñándose como asesor jurídico.

Ante la presión de la comunidad y los rumores que circulaban en internet, la Alcaldía de Santa Ana, dirigida por Aníbal López López, decidió hacer público un comunicado oficial con los pasos que ya había tomado. Según el documento, "desde el momento en que el Hospital Nuestra Señora Santa Ana brindó atención médica inmediata a la adolescente, se activo la Ruta Integral de Atención para Victimas por Violencia Sexual, conforme a los protocolos establecidos por la normatividad colombiana".

El proceso no quedó solo en lo médico. Las autoridades articularon el caso con rapidez involucrando a la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Un Defensor de Familia asumió formalmente la responsabilidad de restablecer los derechos de la menor y brindarle acompañamiento psicológico permanente, todo esto alejado del círculo cercano para garantizar que el proceso sea transparente e imparcial.

El alcalde López también confirmó que la activación de estos protocolos permitió informar directamente a la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad que lidera la investigación, la recolección de evidencia y la apertura formal del expediente judicial. En su comunicado, la administración municipal rechazó "de manera categórica" cualquier tipo de violencia contra menores de edad.

Sin embargo, la Alcaldía fue clara en un aspecto: no revelará más detalles sobre el caso. Explicó que por respeto a la reserva legal y para evitar revictimizar a la menor o interferir en el proceso judicial, no divulgará información de la historia clínica ni datos personales protegidos de la adolescente. Ahora todo queda en manos de la Fiscalía mientras Santa Ana observa con atención cómo avanzan las investigaciones.