La tragedia de Kevin Arley Acosta Pico, un menor que padecía hemofilia, abrió un nuevo frente de confrontación en el Congreso de la República. El niño murió sin acceso oportuno a los medicamentos que requería, una responsabilidad que Nueva EPS no asumió a tiempo. Ahora, parlamentarios exigen respuestas del Ministerio de Salud por cómo se ha manejado tanto este caso específico como la crisis más amplia del sistema.

La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, fue quien encendió la alarma al radicar una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El motivo fue contundente: las declaraciones del funcionario en las que, según Pedraza, atribuyó la muerte del menor a una caída en bicicleta, minimizando así el fracaso del sistema sanitario. Para la congresista, esta actitud refleja una absoluta falta de sensibilidad y de reconocimiento de la verdadera crisis que vive el país.

En sus argumentos, Pedraza fue crítica sin piedad: "Es inadmisible un ministro de Salud que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que 'los ricos también lloran'; un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia; un ministro que antes de mejorar la crisis de salud –que obviamente venía desde antes– lo que ha hecho es tomar medidas que han dificultado y han creado más barreras para el acceso a este derecho fundamental". Sus palabras resumieron la indignación de muchos colombianos que ven cómo el sistema de salud colapsa mientras los responsables parecen ignorar la realidad.

Pedraza presentó cifras preocupantes que evidencian un problema sistémico, no aislado. Según su documento ante el Congreso, "Cada 2 minutos la gente tiene que radicar una tutela para acceder a una cita médica o a un medicamento, y ni siquiera con un fallo de un juez están atendiendo la realidad de la gente. Esto no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo". Este dato demoledor muestra que miles de colombianos deben recurrir a los juzgados simplemente para que les den lo que el sistema debería garantizar de entrada: atención médica y acceso a medicinas. La moción también cita problemas concretos: desabastecimiento de medicamentos en varias regiones, retrasos en la entrega de tratamientos y demoras en la asignación de citas para enfermedades crónicas que no pueden esperar.

El representante David Luna sumó su firma a la iniciativa y fue más allá. Luna radicó una denuncia ante la Fiscalía General para que se investigue la posible responsabilidad penal tanto del Ministerio de Salud como de Nueva EPS en el fallecimiento del menor. Su mensaje fue claro: "El crimen de Kevin no puede quedar impune. Por eso le pido respetuosamente al Congreso de la República que cite de manera inmediata un debate de moción de censura en contra del ministro de Salud. Llegó la hora que el ministro responda políticamente y que renuncie a su cargo". Luna enfatizó que busca que las autoridades competentes investiguen si hubo errores u omisiones en la cadena de atención que llevaron a la muerte del niño.

El caso también puso en evidencia un obstáculo brutal para las familias colombianas: el costo de los tratamientos para hemofilia. El Emicizumab, uno de los medicamentos más utilizados en estos pacientes, puede costar más de 40 millones de pesos. Para la mayoría de las familias sin cobertura oportuna del sistema, una cifra así es inalcanzable. Este es precisamente el tipo de barrera que el sistema de salud colombiano debería derribar, pero en cambio parece reforzar cada día más.