El Congreso que comenzará sus labores en agosto de 2026 llegará sin mayorías automáticas y en medio de presiones fiscales que no dan espacio para muchas promesas. Así lo revelan los números electorales: en el Senado, el Pacto Histórico tendrá 25 curules como la bancada más grande, seguido por Centro Democrático con 17, Partido Liberal con 13, Alianza Verde y Conservador con 10 cada uno, Partido de la U con 9, y Cambio Radical con 7. El resto del poder se dispersa entre movimientos más pequeños, lo que crea un tablero político altamente fragmentado donde nadie tiene poder suficiente para gobernar solo.

Esta realidad tiene un nombre técnico pero importante de entender: el Número Efectivo de Partidos (NEP). Dicho en simple, es una medida que muestra cuántas fuerzas políticas reales tienen poder para influir en las decisiones. Un NEP de 7,2 para 2026, como calculan analistas de la firma Orza, indica que el poder está repartido entre muchos actores, no concentrado en dos o tres como sucedería en un sistema más tradicional. Esto significa que cualquier reforma económica requerirá negociaciones permanentes, y partidos ubicados en posiciones intermedias como Alianza Verde o Partido de la U tendrán un papel clave para inclinar votaciones en proyectos sensibles.

El timing político coincide de manera incómoda con la realidad fiscal. Colombia creció apenas 2,6% durante 2025, la inflación volvió a repuntar hasta 5,35% en enero de 2026, y el Banco de la República mantiene la tasa de interés en 10,25%, lo que constriñe el crédito y el consumo. Pero lo más preocupante está en las cuentas públicas: el déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 6,4% del Producto Interno Bruto, la deuda bruta alcanza 64,4% del PIB y la deuda neta se ubica en 58,5%. En términos que afecten el bolsillo real, esto significa que hay menos dinero disponible para invertir en infraestructura, salud o educación, y más presión para tomar decisiones impopulares sobre impuestos o gasto.

Hay un problema adicional que reduce aún más el margen de acción: 88% del gasto público es rígido, es decir, está comprometido por ley y es muy difícil de cambiar. Esto deja poco espacio para reasignar recursos hacia nuevas iniciativas que reactiven la economía. "El próximo Senado será menos un vehículo reformista que un escenario de administración del cambio, bajo lógica de costos, contraprestaciones y límites institucionales", señalaron desde Orza. En otras palabras: en lugar de transformaciones rápidas, esperen avances lentos y negociados.

Margarita Martínez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, explica que "la agenda legislativa estará inevitablemente atravesada por la necesidad de recuperar margen fiscal y fortalecer la sostenibilidad de finanzas públicas, lo que obligará a evaluar con mayor cuidado el impacto económico de cada proyecto de ley". Dicho más directamente: cada ley que se discuta será pesada no solo por su intención política, sino por cuánto dinero cuesta.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advierte que el Congreso tendrá "responsabilidad de proteger la institucionalidad económica del país" y debe ser "muy juicioso en evitar que exista un deterioro institucional de pesos y contrapesos". Para él, preservar la estabilidad institucional es tan importante como resolver los problemas fiscales.

El primer reto del nuevo Congreso será encontrar equilibrio entre estabilidad fiscal y crecimiento económico. Los analistas coinciden en que debería concentrarse en promover disciplina presupuestal, generar condiciones para la reactivación de la inversión y fortalecer políticas orientadas a mejorar la productividad. Pero con un poder político dispersado, cualquiera que sea el próximo jefe de Estado no tendrá vía libre para impulsar reformas drásticas. Los cambios llegarán, pero paso a paso.