Aunque aún falta la conciliación entre Senado y Cámara y la firma del presidente, el Congreso ya le dio forma a un cambio importante en la ganadería colombiana. Se trata del proyecto de trazabilidad ganadera, una herramienta que busca poner orden en algo que hasta ahora ha funcionado de manera fragmentada: saber de dónde viene realmente el ganado que llega a nuestras mesas. El objetivo central es claro: evitar que animales criados, movilizados o comercializados desde zonas deforestadas entren a la cadena formal sin dejar un rastro que se pueda verificar.

El proyecto no va a cambiar el sabor, el precio o la presentación de la carne que compra hoy en día el consumidor colombiano. Lo que cambia de fondo es la capacidad que tendrá el Estado para seguir la ruta del ganado desde su origen y cruzar esa información con datos del sector agropecuario, la propiedad rural y el monitoreo de bosques. En términos prácticos, significa que el seguimiento ya no dependerá solo del registro ganadero tradicional, sino que se podrá confrontar esa información con datos prediales y ambientales. La idea es que funcione como un sistema donde todos los registros fragmentados hablen entre sí.

En la cadena formal, el cambio será más evidente. Las plantas de beneficio, las subastas y los exportadores tendrán un plazo máximo de dos años para adoptar buenas prácticas y se fortalecerá el Sello Ambiental Colombiano de Ganadería. Esto significa que habrá mayores exigencias de verificación, más presión sobre la documentación del origen del ganado y una capacidad más clara para distinguir entre carne con trazabilidad verificable y carne con mayor riesgo ambiental. Eso sí: la norma no convertirá de un día para otro toda la carne del país en "libre de deforestación", pero sí subirá el estándar de control sobre la que circula en el mercado formal.

El tema no es solo cuestión ambiental. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en 2024 Colombia perdió 113.608 hectáreas de bosque, y el 68 por ciento de esa deforestación se concentró en la Amazonía, donde además hubo un aumento del 74 por ciento frente a 2023. Entre las causas están la praderización para el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. Por eso el proyecto prevé zonas de alta vigilancia en núcleos activos de deforestación y permite que la información de trazabilidad sea accesible para autoridades administrativas y judiciales. Si ese cruce de datos funciona como se espera, sería mucho más difícil que ganado procedente de áreas protegidas o recientemente deforestadas se mezcle sin consecuencias con el resto de la oferta formal.

Hay también una dimensión comercial que explica por qué esto es urgente. La Unión Europea ya exige que productos como el ganado bovino demuestren que no provienen de tierras deforestadas, una obligación que para operadores medianos y grandes empezará a regir desde el 30 de diciembre de 2026. En ese contexto, mejorar la trazabilidad no solo serviría para vigilar la Amazonía colombiana, sino también para que nuestros ganaderos y exportadores puedan responder a mercados que están subiendo cada vez más sus exigencias.