El Congreso de la República no deja de moverse ante nuevas controversias que salpican a funcionarios del Gobierno Nacional. El representante a la Cámara Eduar Triana accionó el mecanismo de control político en contra del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y del ministro de Educación, Daniel Rojas. La citación llega después de que Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ahora encabeza el Fondo de Adaptación, levantara la voz en varios medios de comunicación con acusaciones contra estos funcionarios.

Las denuncias que Rodríguez ha presentado son graves: afirma haber sido víctima de presuntos actos de espionaje por parte de Carrillo, director de la UNGRD, y además pone sobre la mesa posibles irregularidades en los títulos académicos de personas vinculadas al sector educativo. Durante la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara, Triana fue directo: "Amanecemos una vez más con denuncias que involucran a altos funcionarios del Gobierno nacional". Ya radicó la proposición para avanzar con el debate y exigir que los señalados ofrezcan explicaciones claras.

Uno de los puntos que más atención recibe es el caso de Juliana Guerrero, quien integra el comité directivo de la Universidad Popular del Cesar y funciona como delegada presidencial en esa institución. Según lo que Rodríguez ha indicado, habría inconsistencias en los títulos académicos de Guerrero. La exdirectora del Dapre sostiene que Guerrero primero se presentaba como contadora de la Universidad Popular del Cesar, pero luego habría sacado a la luz títulos de la Fundación San José. Por eso Triana pidió al Ministerio de Educación un informe detallado sobre las investigaciones relacionadas con esta presunta falsificación de títulos universitarios, además de claridad sobre los avances en casos que involucran a la Fundación San José y si hay indagaciones en otras instituciones de educación superior.

Por el lado del director de la UNGRD, Carrillo tendrá que responder por cómo se han ejecutado los recursos destinados a La Mojana, región donde se han invertido cerca de un billón de pesos en proyectos para prevención y atención de emergencias por inundaciones que afectan a unas 30.000 personas. El programa nació después de la ruptura del dique de Caregato en 2021 e incluye obras, estudios y modelaciones técnicas para recuperar el equilibrio de los sistemas hídricos. Pero la división del proyecto en múltiples contratos ha generado inquietudes sobre su control y supervisión, y Triana señaló que el objetivo es "resolver las fuertes inquietudes respecto de la situación de los recursos".

Hay algo más que preocupa a Triana: pidió reforzar el esquema de seguridad de Angie Rodríguez al advertir que su vida podría estar en riesgo después de formular estas denuncias. También hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes. De acuerdo con lo establecido, las entidades citadas tienen un plazo máximo de cinco días calendario para entregar sus respuestas por escrito antes de que se desarrolle el debate de control político en el Congreso.