En el Congreso de la República está en marcha una comisión técnica para encontrar una salida al artículo noveno de la ley de Jurisdicción Agraria, que sigue generando tensión política. El punto en cuestión es si se debe permitir que la Agencia Nacional de Tierras resuelva administrativamente los conflictos sobre baldíos sin que estos pasen por revisión de los jueces agrarios. Para los críticos, esto representaría una puerta abierta a expropiar tierras de forma rápida, sin las garantías que ofrecería un proceso judicial.

El Gobierno Nacional y sectores del Pacto Histórico han presentado dos alternativas. La primera es establecer un control rogado, es decir, que los jueces solo revisen las decisiones si las partes afectadas presentan reclamos u oposición. La segunda opción es un control automático, donde los jueces examinen de oficio todas las decisiones sobre conflictos de tierras. Ambas propuestas están siendo analizadas por la comisión, aunque aún no hay acuerdo.

El Pacto Histórico dejó claro su posición en un comunicado donde rechaza que los jueces asuman la función de adjudicar tierras baldías. Consideran que esto congestionaría los juzgados y ralentizaría procesos que históricamente ha manejado la administración agraria. Sin embargo, esta postura ha generado un choque con la Corte Suprema de Justicia, que insiste en que los conflictos de tierras deben estar bajo control judicial.

Pero la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) no se deja convencer por ninguna de estas salidas intermedias. Su presidente Jorge Bedoya fue contundente: tanto el control rogado como el automático "sería vulnerar el debido proceso" y los derechos de los ciudadanos a acceder a la justicia. Bedoya advierte que en las regiones los procesos de notificación de fallos son complejos y a veces inexistentes, lo que dejaría a los campesinos sin posibilidad real de apelar decisiones de la Agencia de Tierras.

El dirigente agrario también señaló un riesgo concreto en territorios donde operan grupos armados. Según Bedoya, permitir decisiones sin control judicial efectivo "podría amedrentar a los campesinos que no estén de acuerdo con las decisiones del Gobierno". Para la SAC, la única alternativa válida es que sean los jueces agrarios quienes tengan la última palabra, algo que además está respaldado en el acuerdo de paz. "El decreto ley 902 de 2017 dice que los procesos agrarios los definen los jueces de la República", recordó Bedoya a La FM.

Se espera que la próxima semana el proyecto de ley pueda volver a debatirse en las plenarias del Senado y Cámara, cuando la comisión técnica presente sus recomendaciones.