Hace poco más de un mes el Congreso de la República dio luz verde a una iniciativa que había sido impulsada conjuntamente por los ministerios de Defensa y de Justicia. Se trata del Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, una norma que busca darle más herramientas a la Armada Nacional para enfrentar los delitos que ocurren en nuestras aguas: narcotráfico, trata de personas, pesca ilegal y contrabando, entre otros.

Lo importante del cambio es que ya no será obligatorio que los guardacostas regresen al puerto apenas capturen a alguien en altamar. Hasta ahora, esa obligación los hacía vulnerables a tácticas que utilizan los grupos criminales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que "aunque la Armada capture a delincuentes en áreas marítimas, no tendrá que interrumpir de manera inmediata sus misiones para regresar a puerto por el 'habeas corpus' de 36 horas que debe acatar; por el contrario, le brinda facultades de policía judicial a los guardacostas". Esto significa que pueden seguir patrullando y mantener a los capturados en sus embarcaciones durante las operaciones programadas.

La tecnología será fundamental para que esto funcione. Las audiencias y procesos legales podrán realizarse virtualmente desde el mar, garantizando que los derechos de los capturados se respeten mientras permanecen en las unidades de superficie. Además, se utilizarán medios telemáticos para poner a disposición de las autoridades tanto a los detenidos como las pruebas encontradas.

Alexandra González Zapata, secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa, aclaró el problema que esta ley intenta resolver: "Hasta ahora, al interceptar una embarcación y hallar indicios de delitos como narcotráfico, pesca ilegal o trata de personas, los agentes estaban obligados a retornar a tierra, lo que facilitaba estrategias de distracción utilizadas por grupos armados, que enviaban embarcaciones señuelo con pequeñas cantidades de droga para distraer a las autoridades y permitir el paso de cargamentos mayores".

La Armada confirmó que sus embarcaciones tienen capacidad para almacenar alimentos y agua para hasta 90 días, así que mantener a los capturados a bordo durante las operaciones no presenta mayores dificultades logísticas. Los números también son alentadores: Colombia ya superaba las 200 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, y el Ministerio de Defensa espera que esta cifra aumente significativamente en el segundo semestre del año.

El ministro Sánchez resumió el espíritu de la aprobación con una frase que refleja la coordinación entre poderes: "Cuando el Ejecutivo y el Legislativo trabajan en sinergia, el Estado avanza y el crimen transnacional pierde". La ley ya está a un paso de la sanción presidencial para entrar en vigor.