Después de dos años de debates legislativos y varios intentos previos, el Congreso de la República finalmente aprobó el miércoles 10 de junio el Proyecto de Ley 440 de 2025, bautizado como "Niñas sin Ablación". La iniciativa crea un marco normativo completo para combatir la mutilación genital femenina en el país, incorporando aspectos de derechos humanos, salud pública e interculturalidad. El proyecto fue liderado en la Cámara de Representantes por Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso, Carolina Giraldo de Alianza Verde y Alexandra Vásquez del Pacto Histórico, quienes trabajaron de manera coordinada para que la iniciativa superara todos sus debates legislativos.

Lo que hace especial este proyecto es que no fue construido en los escritorios del Congreso, sino que incorporó directamente los aportes de comunidades indígenas y liderazgos locales en territorios donde se ha documentado esta práctica. La Fundación PLAN, organización que lleva más de 60 años trabajando en Colombia por los derechos de la infancia y la igualdad de género, fue un actor fundamental en el proceso. La Fundación PLAN afirmó que esta decisión del Congreso "representa un mensaje claro del Estado colombiano: las niñas tienen derecho a crecer libres de violencias y prácticas que atenten contra su cuerpo y su futuro".

Los números explican por qué era urgente aprobar esta ley. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos de niñas víctimas de mutilación genital femenina según el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE). Pero lo más preocupante es que expertos advierten que el número real probablemente sea mucho mayor. El 56 por ciento de los casos documentados corresponde a niñas entre 0 y 5 años, lo que muestra que la mayoría de víctimas están en la primera infancia. El 83 por ciento de estos casos ocurre dentro del hogar, y Risaralda concentra la mayoría de reportes con 64 casos. Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, explicó que muchos casos nunca llegan a ser reportados porque solo se conocen cuando las niñas desarrollan complicaciones de salud graves.

La ley reconoce esta práctica como una forma de violencia basada en género y una grave vulneración de derechos humanos. Las secuelas que deja son profundas y afectan a las niñas durante toda la vida, comprometiendo su salud física y mental, sus derechos sexuales y reproductivos, y su dignidad integral. Anzola señaló que "la agresión física y emocional que implica tiene consecuencias permanentes sobre la autonomía corporal y el bienestar integral de las niñas".

Un aspecto importante es que esta práctica no debe entenderse simplemente como una "tradición cultural". Investigaciones desarrolladas con participación de comunidades indígenas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud han concluido que está más relacionada con desigualdades históricas y normas de género que han estigmatizado la sexualidad femenina. De hecho, durante más de 15 años diversas comunidades indígenas han venido abandonando voluntariamente esta práctica a través de procesos de diálogo y reflexión interna. En 2010, las autoridades Emberá Chamí de Risaralda tomaron la decisión voluntaria de erradicarla, demostrando que el cambio cultural es posible sin recurrir solo a sanciones punitivas.

Ahora viene el reto más grande: que la ley se implemente realmente en el territorio. La norma fortalece la coordinación entre entidades del Estado, el sistema de salud y las comunidades para mejorar la identificación de casos y garantizar atención efectiva. Pero expertos enfatizan que esto requiere trabajo coordinado con autoridades indígenas y liderazgos locales, sin estigmatización y con verdadero respeto por los derechos. También es fundamental reducir el subregistro de casos y mejorar la capacitación del personal de salud. Jennifer Pedraza celebró la aprobación escribiendo que "no se me ocurre una mejor forma de cerrar nuestro paso por la Cámara de Representantes. ¡Lo logramos! Hoy el Congreso aprobó nuestra ley para prevenir la mutilación genital femenina en Colombia". Leandra Becerra, asesora legal de Equality Now para América Latina y el Caribe, fue contundente: "La aprobación en este cuarto debate significa que el Congreso de la República honra su palabra de proteger y garantizar los derechos de las niñas y las mujeres. Ahora, viene un reto aún mayor: que ninguna niña sea mutilada en Colombia".