El nombramiento de Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, en un cargo directivo dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado volvió a encender la polémica en Colombia. Las diferencias llegaron hasta las ondas radiales cuando en el programa 'Rounds FM' se enfrentaron dos visiones completamente opuestas sobre esta decisión. De un lado, Cristian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático y senador electo, cuestionó la legitimidad de la elección. Del otro, Marta Alfonso, de la Alianza Verde, salió a defenderla.

Garcés no se anduvo con rodeos. Calificó el nombramiento como "un muy mal ejemplo para Colombia" que una exguerrillera ocupe una posición en una comisión encargada de proteger los derechos humanos. En su intervención, recordó que las FARC han sido, según datos de la JEP, "la entidad que más derechos humanos ha violado en la historia de Colombia", haciendo referencia a secuestros y reclutamiento forzado. El congresista fue más lejos al argumentar que Ramírez "está hoy en el Congreso con impunidad" y que "está vinculada a varias investigaciones" sin que haya asumido responsabilidad alguna. Incluso hizo un llamado ético: "por dignidad, por ética, ya no debería aceptar ser vicepresidenta".

Desde la Alianza Verde, Alfonso enfrentó estas críticas defendiendo la legalidad del proceso. Explicó que la designación responde a acuerdos internos del Congreso que definen qué partidos ocupan cada posición. "Se definen unos partidos a quienes les corresponden esas presidencias y vicepresidencias", señaló, indicando que en este caso se respetó lo acordado para el partido Comunes. Además, enmarcó la presencia de Ramírez dentro del propósito mismo del acuerdo de paz: que los excombatientes dejaran las armas e ingresaran a la vida democrática. Su defensa fue contundente: "no la estamos viendo en el monte, la estamos viendo en el Congreso", argumentó.

El debate se expandió hacia evaluaciones más amplias del acuerdo de La Habana. Garcés lo tildó de "uno de los grandes daños a la seguridad y convivencia" y lo llamó "un gran engaño incumplible para el Estado". También mencionó el aumento de grupos armados durante el gobierno Petro. Alfonso respondió con dureza: "que le hicieron trampa a la paz fueron ustedes", acusando al Centro Democrático de sabotear el proceso. Según ella, el acuerdo "ha sido mutilado, ha sido vulnerado, no ha sido cumplido", lo que ha agravado problemas de seguridad en varias regiones.

Alfonso defendió los efectos positivos del acuerdo, asegurando que "permitió que se disminuyera la confrontación en cientos de municipios" y mejoró condiciones de vida. Aunque reconoció que los excombatientes deben responder ante la ley, insistió en que su participación política debe respetarse: "hoy están en la paz, están en las reglas democráticas y eso hay que respetarlo".

El intercambio dejó clara la fractura política que atraviesa al país. Garcés cerró reiterando que tanto el acuerdo como la política de "paz total" han sido "un total fracaso". Alfonso, por su parte, concluyó con una apuesta diferente: "yo no creo que ningún esfuerzo por la paz sea un error", y defendió la necesidad de combinar negociaciones con fortalecimiento institucional como camino hacia la solución del conflicto.