El congresista electo Hernán Muriel, representante del Pacto Histórico, estuvo presente en el puente del sector de Llanogrande cuando se pintó un mural que generó controversia en la región. Aunque para el presidente Gustavo Petro se trata simplemente de una expresión artística, la situación tiene aristas legales que podrían traer consecuencias para el político.

El punto crítico está en que cualquier intervención en espacios públicos, incluyendo murales y grafitis, requiere un trámite previo ante las autoridades locales. "Se debe hacer una solicitud de aprovechamiento o uso temporal del espacio público, incorporarse en la realización de murales, grafitis o cualquier comportamiento de esta naturaleza", explicó Juan Sebastian Duque, abogado especializado en el tema.

En este caso, el representante electo debería haber solicitado autorización a la subsecretaría de espacio público de la Alcaldía de Rionegro antes de proceder. Al no hacerlo, según los expertos, incurriría en lo que la ley define como un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana.

Las consecuencias legales podrían ser serias. "Constituirá un comportamiento contrario a la convivencia, sancionable por el artículo 140, número 9º del código de policía y convivencia ciudadana y dará lugar no solamente a que se pueda destruir o eliminar el mural, grafiti o expresión artística sino además a una medida correctiva de naturaleza sancionatoria", indicó Duque.

Los abogados aclaran que estos trabajos no se clasifican como publicidad exterior, así que no aplican otras regulaciones. El caso se rige únicamente por el código de convivencia ciudadana, lo que significa que Muriel podría enfrentar sanciones administrativas además de la posible eliminación del mural.