A lo largo de 2024 y 2025, el congresista electo del Centro Democrático Daniel Briceño ha cuestionado fuertemente el manejo presupuestal de la Unidad de Víctimas. En mayo denunció que la entidad habría invertido más de 200 mil millones de pesos en lo que llamó "eventos, politiquería y logística", cifra que según sus cálculos llegó a superar los 400 mil millones para noviembre del mismo año.

La tensión escaló cuando Bogotá enfrentaba una crisis humanitaria por el desplazamiento de comunidades indígenas que reclamaban atención a sus derechos. En ese momento, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Víctimas, aclaró que su entidad no podría destinar sus recursos a pagar albergues en la capital. "La Alcaldía de Bogotá no puede esperar que la Unidad para las Víctimas destine los recursos que tiene asignados para procesos de retorno al pago de albergues", expresó a los medios.

Cuartas argumentó que tomarían acciones puntuales con algunas familias Emberá y que el presupuesto de la Unidad seguiría comprometido con el retorno de comunidades hacia sus territorios de origen. Sin embargo, Briceño respondió con cifras que, a su juicio, mostraban otra realidad: "La Unidad para las Víctimas, entidad que usted dirige ha DERROCHADO en los últimos 2 años $127.867.636.435 en buses, tarimas, chivas, refrigerios, eventos y politiquería. Sin embargo, para pagar el atención de victimas en Bogotá 'no hay plata'. Lamentable", señaló el congresista.

El desacuerdo pone en evidencia una discusión más profunda sobre cómo se asignan y ejecutan los recursos destinados a la atención de víctimas en el país, especialmente en momentos de crisis humanitaria aguda.