El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alertó el lunes sobre las consecuencias económicas devastadoras de la guerra en Oriente Medio. Según sus cálculos, el conflicto que comenzó el 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos iniciaron bombardeos masivos contra Irán, quien respondió atacando países del Golfo Pérsico y bloqueando el estrecho de Ormuz, podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza en 162 países diferentes. El impacto trasciende las fronteras del conflicto directo.

El análisis del organismo internacional muestra que los países más vulnerables son precisamente los que menos capacidad tienen para absorber los golpes: naciones con márgenes presupuestarios limitados que dependen de importaciones de energía y alimentos. Para estas economías, la guerra genera dilemas paralizantes: gastar en controlar precios hoy significa no invertir en educación, salud y empleo mañana. Alexander De Croo, administrador del PNUD, subrayó que "la guerra hace retroceder el desarrollo: en pocas semanas, un conflicto puede aniquilar lo que los países han construido a lo largo de los años".

La situación se agravará si el conflicto se mantiene prolongado. Aunque se anunció un alto el fuego entre martes y miércoles, la guerra ya ha transitado de una fase aguda a una duradera. Cuanto más tiempo persista, mayor será el riesgo de que la pobreza se agudice rápidamente en naciones frágiles. En la región de los Estados árabes, las proyecciones indican que cerca de cuatro millones de personas más podrían caer en la pobreza, especialmente en el Levante y en países como Sudán y Yemen, donde la vulnerabilidad de la población es mayor.

El PNUD proyecta caídas del Producto Interno Bruto entre 3,7 y 6 por ciento en las subregiones del Golfo y el Levante, lo que representa entre 120 mil y 194 mil millones de dólares en contracción económica. En África, el impacto ya es visible: veintinueve monedas se han depreciado, encareciendo tanto el servicio de la deuda externa como las importaciones de alimentos, combustible y fertilizantes. Las disrupciones en el suministro energético amenazan también el acceso a fertilizantes cruciales en plena temporada de siembra, lo que podría reducir la producción agrícola y profundizar la inseguridad alimentaria.

Para frenar el desastre, el organismo de la ONU propone transferencias de efectivo específicas y temporales dirigidas a proteger hogares pobres y vulnerables. Este mecanismo de defensa podría requerir 6 mil millones de dólares, según el escenario que se materialice. Simultáneamente, el PNUD desaconseja las subvenciones energéticas generalizadas, que benefician principalmente a sectores más acomodados y resultan financieramente insostenibles a largo plazo. La pregunta que enfrentan los gobiernos es si tendrán los recursos y la voluntad política para evitar una crisis humanitaria de magnitudes históricas.