Medellín vio caer una red criminal que durante más de un año se dedicó a explotar a niños indígenas en las calles del Poblado. La Fiscalía General de la Nación logró condenar a siete personas responsables de este esquema de mendicidad y comercio ilegal que afectaba directamente a menores pertenecientes a los resguardos Emberá Katío.

Los condenados fueron Ana Lucía López Sánchez y seis ciudadanos extranjeros: Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar. Todos aceptaron los cargos tras el peso de las pruebas que la policía judicial logró reunir contra ellos.

La operación funcionaba en las zonas más turísticas de El Poblado: las avenidas hoteleras, gastronómicas y bancarias donde circulan constantemente visitantes nacionales y extranjeros. Los criminales eligieron deliberadamente este sector sabiendo que el turismo tiene mayor capacidad de compra y sensibilidad emocional ante historias de necesidad.

El método era ingenioso pero repugnante. Las mujeres del grupo recorrían las calles cargando bebés indígenas en brazos o portando pancartas con mensajes de extrema pobreza. No pedían dinero directamente, sino que convencían a los transeúntes para que les compraran pañales, fórmulas lácteas y artículos básicos en los supermercados cercanos. Una vez obtenidos los productos, los menores debían entregarlos a los jefes de la red.

Ana Lucía López, dueña de un establecimiento comercial en la zona, era quien compraba en bloque todos esos insumos donados por compasión para incorporarlos ilegalmente a su negocio y revenderlos. Mientras tanto, Wilfreddy Johan Godoy coordinaba el transporte y distribución de la mercancía. La investigación documentó un total de diez hechos delictivos concretos cometidos entre 2024 y 2025.

Una juez penal de Medellín aprobó el preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía, imponiéndoles sentencias de hasta 39 meses de prisión efectiva por concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Aunque el daño está hecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ahora mantiene un seguimiento especial para que los niños rescatados logren recuperarse y que sus derechos sean finalmente respetados.