Una fiscal colombiana terminó condenada a más de siete años en la cárcel por participar en una de esas tramas judiciales que parecen sacadas de una película de corrupción. María del Socorro Fernández Chávez, quien trabajaba en El Tambo, Cauca, armó junto con otros servidores públicos una conspiración judicial para impedir que un narcotraficante fuera extraditado a Estados Unidos.

El beneficiado de este arreglo fue Segundo Alberto Villota Segura, un traficante de droga capturado en 2015 que tenía problemas serios en el exterior. En mayo de 2016, el Gobierno había dado el visto bueno para enviarlo a las cortes federales de Florida y Texas, donde enfrentaba cinco cargos por narcotráfico. Los delitos que le imputaban ocurrieron entre 2008 y 2013, cuando presuntamente conspiró con su hermano y otras personas para despachar cocaína desde el Pacífico colombiano. Su organización tenía vínculos con el cartel mexicano Los Zetas y supuestamente movía más de 100 toneladas anuales de droga hacia Norteamérica y Centroamérica.

Para frenar esa extradición, la fiscal Fernández ideó un plan que resultaría ser una mentira elaborada. "Abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado (por él). La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto", explicó después el ente acusador. Con ese antecedente falso en la mano, Villota se postuló a los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz, simulando ser guerrillero de las Farc. Esto le permitió solicitar la suspensión de su extradición, aprovechando que la JEP apenas estaba comenzando a funcionar tras el Acuerdo de Paz.

Para sostener el engaño, la fiscal Fernández cometió actos que van más allá de lo creíble. Omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol, incorporó documentación de arraigo repleta de inconsistencias, firmas falsas y otros elementos fraudulentos. Incluso la grabación de la audiencia donde se imputó a Villota desapareció misteriosamente. Cuando un juzgado ordenó repetir esa diligencia para dejar registro audiovisual, la fiscal se opuso. Según información conocida por EL COLOMBIANO, esa documentación falsa certificaba que Villota pertenecía al resguardo indígena La Cilia, ubicado en Miranda, Cauca.

El montaje se desmoralizó en mayo de 2017. Un miembro de la organización criminal confesó que había entregado dinero a varios servidores públicos, incluyendo a un exsuboficial de policía llamado Nelson Fabián Narváez Campo, para que fabricaran las pruebas. Narváez Campo fue condenado por fraude procesal, tráfico de influencias y cohecho. Después, la causa penal por rebelión fue precluida, la OACP quitó a Villota del listado de integrantes de las Farc, y en junio de 2020 la JEP confirmó que el narcotraficante no podría acceder a la garantía de no extradición reservada solo para excombatientes.

El Tribunal Superior de Popayán finalmente condenó a la exfiscal Fernández Chávez por prevaricato por acción y fraude procesal. No está sola en esto: también está señalado el entonces patrullero Manuel Antonio Riascos Moreno y la exfiscal local Isabel Rengijo, ambos acusados de fabricar las mismas evidencias falsas para frenar una extradición que nunca pudieron detener.