El caso Centros Poblados sigue dejando condenados en su camino. Una juez penal de Bogotá acaba de dictar sentencia condenatoria contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción en contratación pública que ha enfrentado el país en años recientes. Según la Fiscalía, el empresario utilizó sus propias compañías de manera irregular para que una unión temporal ganara un jugoso contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La maniobra parece haber sido bien orquestada. Lascarro aportó los nombres, la experiencia y los datos financieros de dos empresas de su propiedad para que la unión temporal luciera capacitada técnicamente y con un historial respetable. Con esa documentación falsificada, los funcionarios del MinTIC fueron engañados y terminaron asignando el contrato de conectividad rural a la unión temporal. El proyecto buscaba llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país con un presupuesto cercano a un billón de pesos.

La Fiscalía demostró durante el juicio que Lascarro fue declarado responsable por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Lo que el empresario ganó con su actuación fue bastante tangible: recibió cerca de 250.000 dólares que fueron transferidos a una cuenta suya en Estados Unidos, y además pretendía obtener alrededor de 4.000 millones de pesos más por su participación en el montaje.

Este escándalo saltó a la luz pública hace años cuando se descubrieron las irregularidades en el contrato durante el gobierno de Iván Duque. El proyecto de conectividad presentaba garantías falsas, hubo un anticipo superior a 70.000 millones de pesos que nunca debería haberse girado, y simplemente no se cumplió con el objeto para el cual fue contratado. En 2021, el MinTIC tuvo que declarar la caducidad del contrato e iniciar el camino para tratar de recuperar los recursos públicos que habían sido desviados.

Ahora, con esta condena contra Lascarro, el proceso entra en una fase determinante. La próxima audiencia será la del monto de la pena que deberá cumplir el empresario. Aunque esta sentencia no cierra completamente el escándalo de Centros Poblados, sí marca un avance importante en la persecución judicial contra los responsables, tanto particulares como exfuncionarios, que estuvieron involucrados en distintas fases del proyecto. Es un paso adelante en el esfuerzo por recuperar la confianza en la contratación pública colombiana.