La justicia brasileña cerró un capítulo del asesinato que conmocionó al país hace casi siete años. Este miércoles, un tribunal condenó a cinco hombres implicados en la muerte de Marielle Franco, la concejala y activista que fue baleada junto a su chofer Anderson Gomes en 2018 en Río de Janeiro. Lo particular del caso es que todos los condenados trabajaban para el gobierno brasileño en distintos niveles.

Los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão fueron identificados como los cerebros detrás del crimen. Ambos recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada. Domingos era miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río, mientras que Chiquinho fue exdiputado federal. Además, el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar, fue condenado a 56 años de prisión por los mismos delitos. El expolicía militar Robson Calixto recibió 9 años de cárcel por participación en asociación delictiva. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Lo que motivó el crimen fue la lucha política en torno a condominios ilegales en la zona oeste de la ciudad. Marielle y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, se oponían a un proyecto de ley que legalizaría estos desarrollos inmobiliarios ilegales controlados por milicias que dominan esa región. Como señaló el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso: "El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos".

El expolicía Rivaldo Barbosa, quien era jefe de la Policía Civil de Río en el momento del crimen, fue absuelto del asesinato pero condenado a 18 años de prisión por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva. Según las investigaciones, recibió dinero de la milicia para obstaculizar las pesquisas. Irónicamente, Barbosa había prometido públicamente que el caso no quedaría impune, aunque después usaría su posición para favorecer a los Brazão.

Los hermanos Brazão tenían largas trayectorias ligadas al control político de la zona oeste de Río. Domingos participó en política desde 1996 como concejal y luego como miembro del Tribunal de Cuentas desde 2015. Su nombre fue mencionado en informes sobre actividades de milicias desde 2007, aunque siempre negó las acusaciones atribuyéndolas a disputas políticas. Incluso admitió públicamente haber matado a un hombre en 2014 durante un debate legislativo, asegurando haber sido absuelto por la justicia en ese momento.

Con esta condena, la justicia brasileña intentó poner fin a uno de los crímenes políticos más emblemáticos de los últimos años, donde la resistencia de una mujer contra intereses criminales la dejó sin vida, pero su legado permanece en las calles de Río de Janeiro.