La justicia cerró un capítulo importante en la investigación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Dos de los principales coordinadores del atentado aceptaron su culpabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía que fue validado por una jueza penal especializada. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, quien fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, sentenciado a 21 años y 9 meses. Ambos fueron hallados responsables de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación y tráfico de armas de fuego, y ocultamiento de evidencia.

Los investigadores lograron establecer que estos dos individuos planearon meticulosamente cada aspecto del ataque. Sostuvieron múltiples reuniones en la localidad de Bosa y otros sectores de la capital para coordinar los detalles del crimen, que se ejecutó el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. El día del ataque, cada uno cumplió funciones específicas dentro del plan criminal que se había diseñado con precisión.

Según la Fiscalía, alias Chipi fue el cerebro de la operación. Él diseñó la estructura del plan, asignó tareas a los demás implicados y realizó labores de seguimiento a la víctima. Además, verificó previamente el lugar donde ocurriría el atentado. Lo más grave: fue Chipi quien entregó el arma de fuego al menor de edad que finalmente disparó contra el senador, y luego supervisó el desarrollo de todo lo que sucedió.

Por su parte, González Cruz tuvo un rol logístico pero igualmente importante. Permaneció dentro de un vehículo ubicado a pocas cuadras del parque El Golfito, donde sucedió el crimen. Desde allí facilitó la huida de los otros implicados hacia un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe. La investigación también reveló que vendió uno de los celulares usados para coordinar y ejecutar el ataque, buscando así dificultar la labor de los investigadores.

Con estas condenas, la justicia envía un mensaje claro: los crímenes de esta magnitud no quedan impunes. Aún quedan otras personas investigadas por este caso que fue uno de los hechos más impactantes para la política y la seguridad del país en los últimos años.