La justicia penal de Bogotá cerró un capítulo importante en el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Un juez especializado avaló el acuerdo que la Fiscalía General de la Nación había negociado con Harol Daniel Barragán Ovalle, uno de los señalados de haber participado en la planeación del atentado que ocurrió el 7 de junio de 2025.

Con este preacuerdo, Barragán Ovalle aceptó su responsabilidad en cinco delitos graves: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para cometer delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego con agravantes. Como castigo, deberá permanecer en la cárcel durante 21 años y 4 meses.

De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, Barragán Ovalle fue clave en la coordinación del crimen. Participó en cuatro videollamadas en las que se definieron detalles cruciales: el reconocimiento del lugar donde ocurriría el ataque, la selección del adolescente que lo ejecutaría, y las medidas para que Elder José Arteaga, conocido como "Chipi", pudiera escapar de las autoridades.

Las investigaciones también revelaron que Barragán Ovalle forma parte de una estructura delincuencial especializada en homicidios selectivos y en el tráfico de estupefacientes. Esto coloca el caso en un contexto más amplio de criminalidad organizada en el país.

Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado a nueve personas en este proceso judicial. Entre ellos está Simeón Pérez Marroquín, identificado como el intermediario entre quienes ordenaron el crimen. También están Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a los 21 años de prisión que acaba de recibir Barragán Ovalle.