Mientras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres capturó la atención pública por los nombres de políticos de alto perfil, la red de irregularidades llegaba mucho más abajo en la cadena de mando. Uno de esos casos menos visibles pero igual de grave es el de Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien era gerente de ventas en la Corporación Mixta Integral Yapurutú.

Un juzgado penal de Bogotá lo condenó a 16 años, 7 meses y 6 días de cárcel por su participación en el direccionamiento fraudulento de contratos. Estupiñán reconoció su responsabilidad en dos delitos: peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos, aceptación que fue validada por el juez. Sin embargo, la Fiscalía tiene en marcha otros señalamientos en su contra por falsedad ideológica en documentos públicos y privados que aún siguen siendo procesados.

El negocio fraudulento giraba alrededor de una orden de proveeduría por 29 mil millones de pesos, firmada el 11 de octubre de 2023. El objetivo era suministrar 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para conseguir esa adjudicación, Estupiñán presentó documentación falsa que fingía demostrar que los vehículos estaban disponibles de inmediato. Todo respaldado en una alianza comercial que nunca existió entre la corporación y un distribuidor automotriz.

Lo más grave vino después. Estupiñán participó en la gestión de desembolsos superiores a 24 mil millones de pesos, cuando en realidad los carrotanques ni siquiera estaban listos porque aún estaban en proceso de ensamblaje. Los investigadores descubrieron un sobrecosto de 11 mil 114 millones de pesos. De esa cifra astronómica, Estupiñán junto con el representante legal de Yapurutú se habrían embolsillado 4 mil 330 millones, mientras permitieron que terceros se quedaran con otros 6 mil 784 millones.

Este caso es apenas uno de los múltiples brazos de un escándalo que ya ha generado condenas a través de preacuerdos, como la del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien se ha convertido en testigo clave en las investigaciones. La red se ha extendido hasta exministros y exdirectores de entidades del Gobierno que también han terminado en prisión.