Un capítulo más en el caso que ha sacudido la credibilidad de la rama judicial colombiana se cerró esta semana con la condena del exmagistrado José Leónidas Bustos. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 123 meses y un día de prisión, lo que equivale a 10 años y dos meses de cárcel, por su participación en el denominado Cartel de la Toga, el escándalo que destapó una red de corrupción enquistada en las más altas instancias judiciales del país.

Según la sentencia, Bustos fue declarado responsable como coautor impropio de los delitos de cohecho propio, cometidos de forma reiterada, así como de concierto para delinquir. Sin embargo, fue absuelto del cargo de tráfico de influencias de servidor público. La condena no se queda solo en los años de prisión: el exmagistrado deberá pagar una multa de 133.738.170 pesos y quedará inhabilitado para ejercer cualquier derecho o función pública durante el mismo tiempo que durará su encarcelamiento.

Las puertas de la cárcel se cierren definitivamente para él. La Corte rechazó tanto la suspensión condicional de la pena como la posibilidad de cumplirla en casa, por lo que ordenó su captura inmediata para que ingrese a un centro carcelario. Además, fue emitida una notificación roja ante Interpol para facilitar su ubicación, en caso de que intente evadir la justicia.

La Sala también ordenó que se remita copia del proceso a la Fiscalía para que la Unidad de Extinción de Dominio examine los bienes que el exmagistrado podría haber adquirido de manera directa o indirecta a través de sus actividades ilícitas. Paralelamente, se solicitó abrir una investigación por posible delito contra la administración de justicia, enfocada en las actuaciones de Bustos en procesos que involucraban al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y al congresista Julio Eugenio Gallardo Archbold.

A pesar de todo, el fallo aclara que Bustos no tendrá que pagar las costas procesales derivadas del juicio. Y aunque la sentencia es un golpe contundente, la historia no termina aquí: la decisión puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que la justicia seguirá escribiendo este capítulo de la judicial colombiana.