En Montería, el Concejo llevó a cabo una sesión de control político centrada en el funcionamiento del Banco de Suelos e Inmobiliario de Montería (BIM), un instrumento fundamental para la reubicación de familias que viven en áreas de alto riesgo por inundaciones. El concejal Jader Garay fue quien impulsó este debate, advirtiendo que la gestión de tierras está directamente ligada a cómo la ciudad enfrenta la vulnerabilidad de sus habitantes en zonas críticas.

Garay explicó que el objetivo del control político es obtener información clara sobre cuáles predios están disponibles en el banco, dónde se encuentran ubicados y para qué usos están designados. Esta información es crucial para poder trasladar a las personas que actualmente ocupan terrenos prohibidos o en zonas de alto riesgo. El cabildante también enfatizó la necesidad de identificar con precisión las zonas verdes protegidas y aquellas donde la construcción está completamente prohibida.

Durante la sesión, el concejal puso sobre la mesa las denuncias que ha recibido de ciudadanos preocupados por construcciones que estarían ocurriendo irregularmente en zonas verdes de Montería. "La comunidad nos está diciendo: concejales, miren qué está pasando", expresó Garay, subrayando la importancia de que el Concejo mantenga una vigilancia constante sobre el ordenamiento territorial de la ciudad.

Garay fue enfático en aclarar que este ejercicio de control no responde a divisiones políticas ni intereses electorales, sino al cumplimiento de la responsabilidad institucional que le corresponde al Concejo en materia de vigilancia pública. Indicó que el seguimiento no se limitará solo al Banco de Tierras, sino que se extenderá a otras dependencias que lo requieran, con el propósito de asegurar soluciones reales y permanentes para las familias que han sido damnificadas por las inundaciones que periódicamente afectan a Montería.