El asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo municipal de Obando en el Valle del Cauca, ha generado dolor y preocupación en el país. La muerte de la concejala ocurrió durante la tarde del jueves, cuando sicarios que viajaban en motocicleta le dispararon múltiples veces en plena vía pública.

Lo que resulta especialmente grave es que Villada había estado pidiendo ayuda de forma reiterada. La líder política llevaba varios meses denunciando amenazas provenientes de grupos armados, y a principios de esta semana circuló un panfleto en el que se anunciaban acciones en su contra y la de otros compañeros. A pesar de estas advertencias, solicitó en repetidas ocasiones apoyo a la Unidad Nacional de Protección, pero nunca le fue suministrado un esquema de seguridad.

El director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, rechazó y condenó el crimen. A través de un comunicado, el partido exigió a las autoridades que avancen en las investigaciones y que judicialicen a los responsables. También pidieron garantías para que los políticos puedan seguir desarrollando su actividad en todo el territorio nacional sin temor a represalias.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los líderes políticos locales en algunas regiones del país, y las falencias que aparentemente existen en los mecanismos de protección destinados a resguardar sus vidas.