Una fiesta en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí puso en evidencia las grietas del sistema penitenciario colombiano. La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció públicamente que el 8 de abril se realizó un "parrandón vallenato" en el que participaron cabecillas de estructuras criminales que fueron trasladados al penal en el marco de los diálogos urbanos del Gobierno Nacional. Lo más grave es que, según la concejal, más de 100 personas lograron ingresar al recinto. "Parecía el ingreso a un concierto", expresó al describir las fallas en los controles de acceso y custodia que documentó mediante imágenes de las cámaras de seguridad.

La Procuraduría no tardó en asumir el caso y abrió una investigación disciplinaria bajo poder preferente. De acuerdo con Carrasquilla, 11 funcionarios fueron suspendidos como resultado: personal de custodia y directivos del centro penitenciario. Las irregularidades reportadas incluyen el ingreso de licor, alimentos y personas no autorizadas al interior del penal. La concejal también advirtió sobre antecedentes preocupantes de celebraciones similares dentro del centro y posibles casos de fuga, lo que sugiere que se trata de un problema más profundo que un incidente aislado.

Para Carrasquilla, estos episodios revelan un problema estructural de corrupción en el sistema carcelario. "Las estructuras criminales tienen recursos económicos que terminan permeando a funcionarios", señaló, describiendo una posible cooptación institucional donde el dinero del crimen llega hasta los servidores públicos encargados de la custodia.

Pero la denuncia no se detiene ahí. La concejal también cuestionó la política de 'Paz Total' que impulsa el Gobierno Nacional, considerando que la normativa que la sustenta no ofrece herramientas suficientes para negociar con estructuras criminales urbanas. Según explicó, la ley se diseñó pensando en grupos armados organizados y no en bandas delincuenciales de las ciudades, lo que ha limitado los resultados de los diálogos sociojurídicos que se adelantan en Medellín.

En ese sentido, la concejal señaló que pese a las mesas de conversación, persisten fenómenos como homicidios entre estructuras criminales y extorsión en distintos sectores de la ciudad. También cuestionó que las cifras oficiales no reflejen completamente la violencia asociada a estos grupos, sugiriendo que la realidad en las calles es más compleja que los números que se reportan.

Frente a este panorama, Carrasquilla insistió en la necesidad de reformas estructurales tanto al sistema penitenciario como a la política de seguridad, además de exigir una mayor supervisión sobre el funcionamiento del Inpec. La fiesta en Itagüí no fue solo un incidente de seguridad: se convirtió en un síntoma de fondo sobre cómo funciona realmente el control institucional en las cárceles colombianas.