El concejal Nixson Ramírez, ponente del Proyecto de Acuerdo 024 de 2026, decidió salir al frente de las críticas que han surgido en redes sociales sobre cómo se manejará la sobretasa a la gasolina en Maicao. El cabildante aseguró que la iniciativa aprobada por el Concejo Municipal no pone en riesgo los recursos públicos ni compromete financieramente al municipio.

Según explicó Ramírez, después de revisar el contenido del acuerdo, no existe ninguna autorización relacionada con concesiones, pignoraciones o vigencias futuras sobre los dineros que provengan de la sobretasa a la gasolina. También aclaró que el proyecto tampoco establece un monto de vigencias futuras ni cita las normas que regulan este tipo de autorizaciones para las entidades territoriales. El concejal fue enfático al señalar que "No es justo señalar a los honorables concejales y colocarlos al escrutinio público como responsables de empeñar los recursos del municipio de Maicao", e hizo un llamado a mayor responsabilidad en el debate público.

Ramírez recordó que la sobretasa a la gasolina es un impuesto municipal creado por la Ley 488 de 1998 y que en Maicao tiene una destinación específica. De acuerdo con el Acuerdo 012 de 2024, el 5 por ciento de estos recursos va al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el 20 por ciento al Fondo Cuenta de Seguridad y el 75 por ciento a proyectos relacionados con vías urbanas y rurales, desarrollo urbano y agua. Los recaudos anuales por este concepto rondan los 1.464 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 1.098 millones corresponderían al porcentaje destinado a los programas del Plan de Intervención Integral Urbano y Rural.

El concejal fue claro en precisar que la gestión tributaria y el recaudo continúan siendo responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Hacienda Municipal, porque la legislación colombiana prohíbe que particulares realicen actividades de fiscalización o recaudo de tributos territoriales.

En sus declaraciones también destacó el papel de ENDUMA SAS, una empresa de economía mixta creada mediante el Acuerdo 007 de 2024. El municipio posee el 51 por ciento de participación accionaria, mientras que el 49 por ciento restante corresponde a inversionistas privados, garantizando así el control mayoritario por parte de la administración municipal. Ramírez aseguró que la empresa será una herramienta estratégica para ejecutar proyectos de agua potable, saneamiento básico, infraestructura vial y desarrollo territorial, con todos los recursos públicos sujetos a vigilancia y control de los organismos competentes.

Finalmente, el concejal señaló que las actuaciones del Concejo están alineadas con las metas del Plan de Desarrollo Municipal y con las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena a las entidades territoriales adoptar acciones para garantizar derechos fundamentales de las comunidades vulnerables de La Guajira. "Las decisiones de los concejales son motivadas y orientadas por las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. Las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento y para ello es necesario definir fuentes de financiación y mecanismos que permitan avanzar en la solución de las necesidades de la población", concluyó.