Con su abogado al lado, el concejal Alexis Castillo llegó a la mañana del 24 de febrero a la Unidad de Reacción Inmediata en el centro de Barranquilla para entregarse voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación. La diligencia ocurrió un día después de que la orden judicial en su contra se hiciera pública, aunque la medida había sido expedida el 11 de febrero de 2026 por un juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía. Durante el procedimiento, agentes del CTI le notificaron sus derechos como persona capturada, un momento que quedó registrado en fotografías que circularon en redes sociales.

La acusación en contra del cabildante del Partido Conservador es por violencia intrafamiliar agravada. Según la investigación, la expareja de Castillo, Silvia Aragón, ha interpuesto denuncias desde 2023 asegurando que ha sido víctima de múltiples formas de agresión. Aragón sostiene que desde marzo de 2025 documentó ante las autoridades episodios de violencia física, psicológica, emocional, económica y patrimonial, además de amenazas y hostigamiento. La mujer también afirma que obtuvo un documento autenticado que le otorgó la custodia de los hijos en octubre de 2024, y que desde entonces ha recibido presiones y amenazas vinculadas a ese proceso. En total, ella tiene tres trámites activos contra el concejal: uno en una Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía y un tercero en un juzgado de familia.

Castillo ofrece una versión diferente de los hechos. Según sus declaraciones públicas, la orden de captura no corresponde a nuevos hechos, sino a su incomparecencia a una audiencia en noviembre de 2025 relacionada con el traslado del escrito de acusación. El cabildante explicó que ese día cumplía compromisos oficiales en el Concejo Distrital y que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como un posible intento de obstrucción. Castillo ha manifestado su disposición de comparecer ante las autoridades y atribuye el conflicto a su separación de más de dos años y a disputas por la custodia de los hijos.

El concejal también ha sugerido que la difusión del caso podría tener motivaciones políticas, especialmente considerando que estamos en un período electoral, aunque no ha presentado pruebas concretas de presiones externas en su contra. Sin embargo, sus simpatizantes salieron en su defensa con manifestaciones acusando persecución política contra el cabildante.

Lo que suma complejidad al caso es que Castillo integra la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, el mismo órgano encargado de promover iniciativas para proteger los derechos de las mujeres y prevenir violencias. Organizaciones de mujeres y sectores académicos han insistido en la importancia de que la investigación avance con independencia judicial y celeridad, teniendo en cuenta el impacto social que genera. Por su lado, quienes respaldan al concejal piden evitar juicios anticipados y que el proceso se rige únicamente por las pruebas y los plazos legales.

Por ahora, Castillo queda a disposición de un juez de control de garantías, quien decidirá en las próximas audiencias preliminares si continúa el proceso en libertad o si debe ser recluido en un centro carcelario del Atlántico mientras avanzan las investigaciones. Mientras tanto, los trámites administrativos y familiares que Aragón ha interpuesto siguen activos en diferentes instancias, manteniendo abierto un panorama jurídico amplio alrededor del político barranquillero.