Con los comicios legislativos apenas a siete días, Antioquia se encuentra en contrarreloj. El Consejo Nacional Electoral emitió una alerta preocupante: 64 municipios del departamento aún no cuentan con la vigilancia electoral completa que garantiza la transparencia de la jornada. Entre los casos más críticos figuran ciudades importantes como Medellín y Envigado, que tampoco han alcanzado el 100% de testigos asignados.

Los testigos electorales son fundamentales en cualquier proceso de votación. Representantes de los partidos, movimientos políticos y grupos de ciudadanos deben estar presentes en cada mesa de votación para supervisar que todo se desarrolle conforme a la ley. Sin esta vigilancia, se debilita el control ciudadano sobre la transparencia de las urnas. El plazo para postular a estos representantes vence este jueves 5 de marzo a través de la plataforma oficial actoreseleccionescongreso.cne.gov.co, y desde la autoridad electoral insisten en que el proceso es ágil y tiene apoyo disponible las 24 horas del día.

La situación contrasta significativamente con el avance nacional. A escala del país, el 97,7% de las mesas de votación ya tiene testigos designados, y varios departamentos como Guaviare, Caquetá y San Andrés ya alcanzaron el 100% de cobertura. Esto convierte a Antioquia en el nudo de la problemática nacional, a pesar de ser una de las regiones con mayor número de ciudadanos inscritos para votar.

Pero la preocupación por vigilancia electoral no es la única en el departamento. La Gobernación de Antioquia presentó recientemente el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE 2026), un sistema de análisis que evaluó los 1.282 puestos de votación existentes en la región. El análisis reveló que 11 municipios (el 8,8% del departamento) enfrentan un nivel de riesgo "extraordinario" para el desarrollo normal de las elecciones. Estos municipios se concentran en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, zonas donde persisten enfrentamientos armados y disputa territorial por grupos ilegales.

El modelo estudia tres dimensiones clave: la amenaza concreta, la vulnerabilidad territorial y la capacidad institucional disponible. Procesa 70 subvariables que incluyen registros históricos de delitos electorales, mapas oficiales de riesgo y dinámicas actuales de orden público. Según explicó Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz, esta información permite que las fuerzas de seguridad enfoquen su atención de manera proporcional al riesgo de cada zona.

El resto del departamento se distribuye en 25 municipios con riesgo relevante, 60 en nivel potencial y 32 en riesgo moderado. En los territorios críticos, la Fuerza Pública y la Registraduría desplegarán intervención prioritaria. En otros municipios, las medidas se centrarán en acciones administrativas y judiciales para prevenir irregularidades electorales no violentas. Esta estrategia está siendo socializada en los comités subregionales para que las autoridades locales implementen las medidas necesarias antes del 8 de marzo.