En la región de Marocazo, zona rural del municipio de San Juan del Cesar en La Guajira, llegó un respiro para las familias wiwa que han permanecido confinadas. La Unidad para las Víctimas distribuyó 10 toneladas de alimentos entre 108 hogares de las comunidades de Siminke y Sabana Joaquina, pueblos que desde 2025 viven bajo las consecuencias del conflicto armado en la región.

La jornada no fue un acto aislado. Detrás de esta entrega de ayudas se articularon varias instituciones: la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía local, el enlace municipal de víctimas y representantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas. El objetivo era claro: responder de manera integral y a tiempo a una población que ha sufrido las afectaciones más crudas del conflicto.

Para Armando Mojica Sauna, educador indígena de la comunidad de Siminki, estas ayudas han sido más que bienvenidas. "Las ayudas que se reciben por parte del Gobierno nacional han sido elementales de acuerdo con el panorama que tenemos en las comunidades. Hoy recibir estas ayudas por parte de la Unidad beneficia en todos los sentidos: fortalece la canasta familiar y contribuye a la atención de los niños, las mujeres embarazadas y nuestros adultos mayores", expresó.

La entrega refleja una realidad que atraviesan muchas comunidades indígenas en el país: el confinamiento limita el acceso a recursos y pone en riesgo a los grupos más vulnerables. Con esta intervención, al menos por ahora, 108 hogares wiwa cuentan con alimentos para seguir adelante en medio de la adversidad.