En las últimas semanas, comunidades wayuu y afrodescendientes han salido a las calles para expresar su inconformidad con el Decreto 0514, expedido por el Gobierno nacional el 19 de mayo de este año, porque consideran que atenta directamente contra su autonomía territorial y sus derechos ancestrales.

Esta protesta, aunque genera algunas dificultades en la cotidianidad, refleja un reclamo completamente válido. El trasfondo está en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro actuó en contra de una decisión del Consejo de Estado que había dejado sin efecto el Decreto 1500 de 2018. Ese decreto anterior fue anulado justamente porque el expresidente Juan Manuel Santos lo expidió sin consultar con las comunidades wayuu y afrodescendientes, imponiendo más de 180 sitios sagrados sobre territorios ancestrales, resguardos y cementerios wayuu, todo basado en una cartografía del IGAC que resultó ser irregular.

Sin embargo, en lugar de atender esa sentencia judicial, el Gobierno nacional expidió el nuevo decreto manteniendo prácticamente lo mismo: sigue fundamentado en los mismos 348 sitios sagrados (181 de ellos en territorio wayuu y afrodescendiente) y utiliza la misma cartografía que ya había sido declarada inválida por la justicia. Es como si la decisión del Consejo de Estado nunca hubiera ocurrido.

El antropólogo Weildler Guerra Curvelo ha sido claro en señalar lo problemático de esta situación. Según él, "Es como imponer un sistema de parentesco por considerarlo superior. Un pueblo que durante siglos surcó el Caribe, gobernó su territorio y su mar, queda reducido a subalterno por un decreto que el poder judicial ya había enterrado. No hay justicia étnica donde eso ocurre: hay desplazamiento, menoscabo de la autonomía de un pueblo y la imposición de una visión del mundo sobre otra. Tristemente en su propio territorio". Esta reflexión toca el fondo del asunto: se trata de jerarquizar a pueblos indígenas hermanos a través de la imposición de una ontología sobre otra.

Lo que preocupa además es que esta decisión podría afectar también a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada (arhuaco, kogui, kankuamo y wiwa), quienes tendrían que ser consultados sobre cualquier iniciativa relacionada con la Línea Negra, considerada la delimitación de sus territorios ancestrales.

Desde estas páginas resulta urgente un llamado al presidente Gustavo Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, para que abran espacios de diálogo genuino. El país necesita escuchar desde los sentimientos y las raíces de estos pueblos que hoy se sienten traicionados. Solo así se evitará que la situación escale hacia conflictos mayores y se podrá construir una verdadera justicia étnica.