En la madrugada, comunidades afro e indígenas de La Guajira tomaron la vía férrea por donde Cerrejón transporta su carbón hacia el puerto de embarque. El bloqueo reunió a los consejos comunitarios Bárbaros Hoscos Negros Cimarrones de Tabaco y Conechan, además de organizaciones indígenas y campesinas que participaban en la Semana Global contra Glencore y el proyecto Cerrejón. Una acción que buscaba poner en el mapa público las heridas que la minería ha dejado en territorios de La Guajira.

Lo que está en juego es el incumplimiento de dos sentencias judiciales. La T-704 de 2016 y la 329 de 2017 ordenaron medidas de reparación y reubicación para el Pueblo Tabaco, una comunidad que fue literalmente sacada de su territorio cuando Cerrejón expandió sus operaciones. Casi una década después, los manifestantes dicen que esas órdenes siguen esperando. Por eso reclamaron la reconstrucción física de los pueblos afectados, la recuperación de especies nativas en territorios devastados, la devolución de sitios ceremoniales considerados sagrados y opciones económicas reales que no dependan de la minería.

Los líderes comunitarios corearon consignas directas. "Cerrejón no es progreso, es despojo", repetían los manifestantes, resumiendo así lo que ellos ven como el verdadero balance: ganancias para pocos, pérdidas para muchos. También se escuchó: "Agua para La Guajira, no más carbón que contamina la vida". En esa frase conectaban la crisis de la minería con algo que golpea a diario en la región: la falta de agua potable, uno de los problemas más agudos de Colombia.

La protesta también incluyó a comunidades Wayuu y pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que denunciaron la ocupación y afectación de territorios sagrados por la actividad extractiva. Pidieron estudios independientes sobre cómo la minería ha impactado la salud, el agua y las viviendas de quienes viven cerca de las operaciones, exigiendo indemnizaciones por los daños.

Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), respaldó públicamente la movilización: "La dignidad de los pueblos no puede seguir enterrada bajo el carbón". Las organizaciones fueron claras en sus exigencias: quieren un cierre justo de la mina, una transición energética con garantías de empleo alternativo, reparación integral para afectados y respeto por la dignidad de los pueblos.

Hasta el cierre de esta edición, Cerrejón y el Gobierno Nacional guardaban silencio. Sin pronunciamientos oficiales sobre el bloqueo ni respuesta a las demandas comunitarias. Las autoridades locales de La Guajira no reportaron violencia durante la protesta, aunque la tensión de fondo sigue sin resolverse en un departamento que lleva años pidiendo cuentas a la industria minera.