En una decisión que marca un hito en la historia institucional reciente del país, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó apartar de manera inmediata al presidente Gustavo Petro de sus funciones. La medida cautelar, que se mantendrá vigente hasta el próximo 21 de junio a las 4 de la tarde, fue formalizada mediante un auto firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de la corporación y representante instructora, dentro del expediente que investiga al mandatario por presunta participación indebida en política.

Según el documento, la suspensión se sustenta en que la conducta de Petro constituye una "falta gravísima", derivada de publicaciones reiteradas de contenido político-electoral en sus redes sociales. El despacho instructor analizó al menos 22 mensajes publicados durante el último puente festivo, que según su criterio quebrantaron el equilibrio democrático de la actual contienda electoral. La orden es categórica: "Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m."

Sin embargo, la decisión ha desatado una fuerte controversia en el Congreso. El mayor cuestionamiento viene de que la representante Arizabaleta actuó de forma unilateral, sin someter el documento a debate ni a votación de la plenaria de la comisión. Juristas y parlamentarios de diversas colectividades han advertido sobre la viabilidad legal de esta medida, argumentando que un congresista instructor no posee las facultades constitucionales para retirar del cargo a un presidente de la República a través de un auto individual.

Los críticos del procedimiento señalan que una separación temporal o definitiva del jefe de Estado requiere un trámite riguroso ante la plenaria completa de la Cámara de Representantes y un juicio político formal ante el Senado. Para ellos, la emisión de esta orden constituiría una extralimitación de funciones que viola los protocolos institucionales establecidos.

Mientras se desarrolla el impacto de esta medida a pocas semanas de que finalice la administración Petro, las autoridades ya han activado acciones para asegurar la evidencia digital del caso. La Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación y la empresa X Corp. han sido requeridas para garantizar que se preserven las pruebas que sustentan la investigación.