El magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda pasó de ser un togado sin mayor visibilidad en el Tribunal Superior de Bogotá a estar bajo la lupa de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Todo porque ordenó una medida provisional que le prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia, el saludo militar y su característico eslogan "Firmes por la patria" en su campaña rumbo a la segunda vuelta electoral. La decisión generó un terremoto en los estrados judiciales y en el escenario político justo cuando la contienda presidencial entraba en su fase más crítica.

La Corte Suprema de Justicia no tardó en intervenir. A través de su Sala de Casación Laboral, con ponencia del magistrado Víctor Usme, frenó la prohibición ordenada por Chavarro el 9 de junio. El tribunal consideró que la medida cautelar carecía de suficiente sustentación jurídica. "Un asunto que, como este, incide directamente sobre el desarrollo de la propaganda de una de las dos campañas que disputan la Presidencia de la República, a pocos días de la segunda vuelta, compromete así no solo los derechos políticos individuales del accionante, sino las condiciones mismas en que se desenvuelve el proceso electoral", explicó la Corte. De la Espriella había recibido aproximadamente veinte tutelas en su favor contra la decisión inicial.

Lo problemático, según los análisis de los tribunales superiores, fue que Chavarro no especificó cuáles piezas publicitarias de la campaña incumplían las normas electorales que prohíben usar símbolos patrios para favorecer una aspiración presidencial. En cambio, ordenó retirar toda la propaganda que pudiera encajar en esas categorías formuladas de manera tan amplia que prácticamente desmontaba la identidad visual de toda la campaña. La campaña de De la Espriella se ha consolidado alrededor del nacionalismo y el patriotismo como ejes narrativos, utilizando emblemas como la camiseta de la selección de fútbol o su insistencia en su imagen costeña.

Ahora le toca a la Comisión de Disciplina Judicial actuar. El magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla abrió la investigación el martes 16 de junio para determinar si la prohibición fue "presuntamente contraria al ordenamiento jurídico, arbitraria o adoptada con extralimitación de funciones". El proceso partió de una queja presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. El Consejo Nacional Electoral deberá enviar copia de los emblemas y logos que aprobó para la campaña de De la Espriella, y Chavarro tendrá oportunidad de presentar su versión libre de los hechos.

La controversia tiene raíces más profundas. Todo comenzó cuando el abogado Dylan Lizarazo Ramos denunció ante el Consejo Nacional Electoral, en octubre de 2025, un presunto uso indebido de la bandera colombiana en la campaña de De la Espriella. El expediente llegó al despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez y allí quedó estancado. Fue precisamente esa mora lo que el magistrado Chavarro consideró injustificada y lo que lo llevó a actuar por su propia cuenta, adoptando medidas cautelares dentro de un proceso de tutela. Para Chavarro, el "uso inadecuado" de los símbolos patrios "desconocía la libertad electoral".

Antes de la decisión de Chavarro ya había habido otro frente judicial: el 4 de junio la juez Aura Luz Forero prohibió que De la Espriella utilizara la camiseta de la Selección Colombia en su campaña. Pero la juez María Isabel Ferrer revocó esa medida al considerarla "ambigua y anfibológica", señalando que la falta de claridad sobre el alcance de la prohibición generaba "un escenario de incertidumbre jurídica" que impedía a los ciudadanos conocer con precisión qué conductas estaban permitidas o restringidas.