La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro. El asunto gira en torno a la controvertida compra de 17 aviones de combate Saab JAS 39 Gripen, un negocio anunciado en noviembre de 2025 que sobrepasa los 16 billones de pesos. La denuncia penal que originó todo esto señala la posible ocurrencia de delitos graves como interés indebido en la celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Lo que más llama la atención de los investigadores es el presunto sobrecosto del negocio. Según la denuncia, Colombia habría pagado significativamente más por cada aeronave que otros países. Los números son reveladores: mientras Tailandia pagó 137 millones de dólares por unidad, Colombia desembolsó 213 millones de dólares. Eso representa una diferencia del 55 por ciento, una brecha que ha generado sospecha sobre posibles irregularidades en las negociaciones.

Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación, ha tomado medidas contundentes para esclarecer los hechos. Ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la primera dama, Verónica Alcocer, por su presunta relación con este negocio. También pidió a la Procuraduría y la Contraloría información sobre los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal que ya corren contra el mandatario. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, deberá rendir una declaración jurada ante la Comisión.

Desde Barranquilla, el ministro de Defensa salió al paso de las críticas y defendió la transparencia del proceso. Según él, la decisión no la tomó Petro directamente, sino un equipo de trabajo especializado. "La decisión no la tomó el señor Presidente de la República, la tomó un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión", expresó el ministro. Sánchez insistió en que la elección de estos aviones se basó en criterios técnicos sólidos: superioridad aérea, supervivencia y tecnología de punta. Para él, se trata de una decisión de Estado pensada para los próximos 40 años.

El general retirado fue enfático al señalar que la inversión es la más apropiada para las condiciones del país y lanzó una reflexión mordaz sobre los críticos. "Estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas y, de no haber tomado esa decisión, muy seguramente estarían criticando, cuestionando al gobierno de por qué no tomó una decisión estratégica para cumplir la misión constitucional de defender la patria a través del espacio aéreo", reiteró.

Ahora la Comisión de Acusación entra en una fase de recolección de pruebas y documentos que determinará si hay méritos suficientes para avanzar en un proceso penal formal contra el jefe de Estado. La investigación apenas comienza y promete ser una de las más tensionantes para el gobierno actual.