Un caso que sorprendió en el Congreso llegó a conocimiento público esta semana. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El motivo es la posesión de Bernardo Camacho como superintendente de Salud, ocurrida a finales de octubre del año pasado, cuando Jaramillo estaba ejerciendo funciones presidenciales porque Gustavo Petro realizaba un viaje al Medio Oriente.

Lo insólito del asunto es que la Comisión de Acusación normalmente no tiene competencia para investigar a un ministro. Sin embargo, en este caso se abre una excepción porque las acciones de Jaramillo se dieron en el marco del cumplimiento de funciones presidenciales delegadas.

La denuncia que llegó a manos de los investigadores congresionales, y que también se puso en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, señala que Camacho tenía sobre él varios obstáculos para asumir el cargo. Según el documento, pesaban sobre el ahora superintendente "hechos objetivos y verificables" como desacatos, multas y órdenes de arresto ordenadas por jueces de tutela durante su época como interventor de la Nueva EPS. La denuncia específica que había múltiples órdenes de captura superando los 500 días, dictadas por jueces constitucionales en diferentes momentos, además de multas que sobrepasaban los dos mil 177 millones de pesos por incumplimiento de tutelas.

Otro punto que cuestionan los denunciantes es cómo Camacho consiguió ese dinero para pagar las multas si no lo declaró al ingresar como interventor de la Nueva EPS. La pregunta que flotan es "de dónde sacó Bernardo Camacho este dinero, que son más de 2 mil millones, para pagar multas de tutelas", insinuando que los recursos de esa entidad no deberían haberse usado para estos pagos personales.

Hay otro aspecto que levanta las cejas en todo esto. El representante Andrés Forero había alertado sobre una posible inhabilidad de Camacho: venía de ser interventor de la Nueva EPS, la misma entidad que tendría que vigilar desde la Superintendencia. Sería como ser juez y parte en un mismo caso. Pero a pesar de esto, el ministro Jaramillo decidió posesionarlo de todas formas.

Los investigadores de la Comisión de Acusación, Carlos Cuenca, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, ya están valorando todos estos hechos. Los delitos que supuestamente podrían haberse configurado incluyen prevaricato, detrimento patrimonial, peculado por apropiación y uso indebido de recursos públicos.