La situación legal del presidente Gustavo Petro entró en una nueva fase. El 26 de mayo de 2026, Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó la apertura formal de una investigación penal contra el mandatario. El documento oficial instruyó al secretario de la comisión para que asignara inmediatamente el número de radicado e iniciara los trámites correspondientes.

Según el Congreso, existe una "obligación legal" de adelantar esta actuación penal. El proceso se ampara en la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, específicamente bajo el delito de Intervención en Política, contemplado en el artículo 422 del Código Penal colombiano. La investigación tiene origen en las declaraciones públicas y publicaciones del presidente en redes sociales, donde habría emitido juicios de valor e instrucciones sobre el proceso electoral.

Entre los episodios que motivaron la apertura de la causa están el discurso que dio en Cúcuta donde el presidente afirmó textualmente: "De pronto ganamos nosotros, el Gobierno, las elecciones". También se señala la difusión abierta en sus redes sociales de videos de cierres de campaña de candidatos de su corriente política, como el del senador Iván Cepeda en Barranquilla.

Esta nueva investigación avanza en paralelo a cinco procesos disciplinarios formales que ya se acumulan por presuntas vulneraciones a la neutralidad que debe caracterizar la presidencia. La comisión ha designado a tres representantes instructoras con diferentes posturas políticas frente al Gobierno: Katherine Miranda, congresista independiente que ha mostrado críticas hacia la administración Petro; Karyme Cotes, del Partido Liberal, considerada cercana al Gobierno; y Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico.

Este equipo tendrá a su cargo determinar si la conducta sistemática del presidente configura una violación a las restricciones constitucionales que le prohíben participar en controversias partidistas, en plena recta final de la campaña presidencial.